El vía crucis de las 35 votaciones perdidas

El Gobierno retiró el martes la tramitación de la senda de estabilidad para evitar un nuevo puñetazo parlamentario de Junts en la votación fijada 48 horas más tarde que hubiera supuesto la 36ª derrota en la legislatura y la cuarta en el nuevo curso político. Desde la investidura, en noviembre de 2023, los socialistas han perdido 35 votaciones en una varipinta relación de iniciativas parlamentarias. Todos los socios han endosado en algún momento reveses al presidente, ya sea votando en contra de sus propuestas, a favor de la oposición o absteniéndose.

Junts y el PNV le han dado la espalda el mismo número de votaciones, 14. Pero el sentido del voto de los siete postconvergentes ha sido más decisivo en determinado trances o ha infligido un castigo mayor que el de los peneuvistas. Los de Carles Puigdemont lo hicieron valer tumbando la ley de amnistía en enero, la senda del déficit en julio y la norma que proyecta limitar los alquileres temporales este septiembre. Pese a todo, el PSOE ve el vaso medio lleno, fijándose en las más de 500 votaciones que, aseguran, han ganado y no en esos 35 fracasos que esgrime el PP para denunciar el deterioro de la legislatura. Cabe precisar, no obstante, que solo uno de estos fracasos corresponde a una ley aprobada por el Gobierno de coalición y que el castigo no corrió a manos de los junteros. Fue el 10 de enero, cuando Podemos dejó caer el decreto ley redactado por el ministerio de Yolanda Díaz que incluía una reforma del subsidio por desempleo.

Pero al margen de las normas del Ejecutivo, el PSOE ha perdido otras 34 votaciones en las que Junts ha exhibido el carácter decisivo de sus siete diputados. Su voto en contra de la ley de amnistía el 30 de enero para amarrar la exculpación de los delitos por terrorismo dilató la tramitación de la norma, que no fue aprobada hasta el 30 de mayo. El 29 de febrero la abstención de los junteros y Podemos propinó una nueva derrota con la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha.

El 14 de marzo, la oposición ganó la primera votación del ‘caso Koldo’ a través de una moción de los de Alberto Núñez Feijóo que salió adelante por la abstención de Junts y ERC. El 9 de abril, otra iniciativa de los populares sobre la deflactación del IRPF para compensar la subida de inflación salió adelante con otra abstención de Junts, compartida por el PNV y el BNG. Y dos semanas después, la propuesta para relajar la protección al lobo ibérico dejó solos a PSOE y Sumar. La iniciativa del PP agluinó el sí de Vox, Junts y los peneuvistas y la abstención de Bildu.

Ocho reveses en un mes

En mayo, los socialistas encajaron ocho derrotas. El día 21 se estrelló con la ley contra el proxenetismo. Solo recabó apoyos en el Grupo Mixto (BNG, Coalición Canarias, UPN y José Luis Ábalos), mientras sus socios de Sumar en el Consejo de Ministros votaban en contra al igual que el resto de aliados de la investidura y el PP —Vox optó por la abstención—. Fue la primera vez en la legislatura en que decayó una ley impulsada por el PSOE. Dos días después, el 23, le llovieron cinco derrotas más.

A estos seis reveses se sumaron otros dos el 30 de mayo. Y aquí el rechazo de Junts sí resultó clave: primero absteniéndose en una iniciativa para proporcionar más información económica a los sindicatos (también lo hizo el PNV) y uniendo sus votos a los del PP, Vox y UPN en el primer punto de una moción sobre políticas de juventud. Ese día, el Ejecutivo retiró la ley del suelo porque no recabó los apoyos suficientes. En junio, el PSOE concatenó otras siete votaciones perdidas. El PP sacó adelante los siete puntos de una proposición no de ley sobre el Sáhara Occidental y las relaciones con Marruecos. También salió adelante una proposición no de ley de los populares para exigir una mayor dotación de profesionales sanitarios de Atención Primaria. En esta iniciativa Junts votó en contra, mientras que el PNV unió sus votos al PP, Vox, UPN y ERC, Podemos y CC se abstuvieron. El Gobierno también vio cómo se aprobaban seis puntos de una moción de los de Feijóo sobre varios asuntos relativos a la función legislativa del Congreso. En julio, mes que se habilitó en el Congreso, se aprobaron dos enmiendas del Senado a la Ley de Paridad del Ejecutivo y Junts volvió a amenazar la estabilidad del bloque de investidura alineándose con PP y Vox para rechazar dos hitos políticos del momento: la reforma de la ley de extranjería y contra el techo de gasto. Y este septiembre ha ido incluso a peor. El día 11, la Cámara baja reconoció al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Junts se ausentó del pleno, pero sí sumó el PNV. Los socialistas tampoco consiguieron sacar adelante una iniciativa de ERC sobre la reducción del tiempo de trabajo. El último descalabro se produjo cuandolos junteros vetaran con su no, junto a populares y voxistas, la admisión a trámite de una propuesta para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos.