El Gobierno no dará marcha atrás con la reforma legal que beneficia a 44 etarras

El Gobierno no dará marcha atrás con la reforma legal que permitirá a 44 presos de ETA rebajar sus condenas y acelerar su excarcelación al computarse las penas cumplidas en Francia. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se escuda en los 13 años transcurridos desde que la banda decretó el final de sus atentados para el paulatino desmontaje de las medidas más gravosas para los reclusos.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, llamó ayer a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para quejarse de lo que a su juicio supone un «cambio de opinión» de los populares respecto a modificación legal que podría beneficiar a más de 40 presos etarras. Bolaños llamó a Gamarra después de que ella enviara un mensaje al ministro reclamándole que el Gobierno detuviera la tramitación de la ley. En el mismo mensaje le pedía hablar con él.

Y mientras el PP se afana en enjugar la vía de agua y cargar la responsabilidad de «la indignidad» en el Ejecutivo una vez reconocido su error en la tramitación parlamentaria, las presidentas de la AVT y de Covite, Maite Araluce y Consuelo Ordóñez, culparon a «todos los partidos» del beneficio que van a obtener los reclusos etarras. Ambas participaron en el congreso internacional de víctimas del terrorismo inaugurado por el Rey en Vitoria, en el que Felipe VI ensalzó el papel educador que juegan las víctimas del terrorismo y su capacidad de transformar a la sociedad en la búsqueda de una convivencia en paz.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedirá hoy en el Congreso a Pedro Sánchez que retire la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales que beneficia a presos de ETA con el objetivo de forzar a que se «retrate» delante de los grupos parlamentarios y de los ciudadanos.

El Pleno de la Cámara Baja acoge a partir de las 9.00 horas un debate sobre la política migratoria —a instancias del Grupo Popular— y sobre reglas de estabilidad presupuestaria con Europa, pero el primer partido de la oposición quiere incluir la polémica abierta por esta reforma legal que rebaja penas a etarras, que el Congreso aprobó por unanimidad el 18 de septiembre.

El PP trata de hacer control de daños tras el error cometido por los tres diputados que formaban parte de la ponencia que aprobó en primera instancia en el Congreso la reforma que conlleva rebajas de penas a presos de ETA y que acabó con todo el grupo —el mayoritario de la Cámara— avalándola sin en realidad pretenderlo en el pleno del 18 de septiembre. Rafael Benigno Belmonte Gómez, María Jesús Moro y José Manuel Velasco Retamosa participaron y firmaron que habían «estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas», tal y como figura en el acta de la ponencia que rubricaron todos los presentes.

Una prueba de que los populares sí tuvieron oportunidad de leer las modificaciones que la norma incluía, pero sin percatarse de que el objetivo último era acortar las penas a terroristas. La situación de los tres parlamentarios, y por extensión la solvencia del partido, ha quedado comprometida tras lo acontecido -a pesar de que la iniciativa hubiese salido de todas formas adelante por la mayoría de PSOE y sus aliados-, por lo que Génova ha optado por «colectivizar», según fuentes consultadas, la responsabilidad y asumirla como partido.

Al principio el Gobierno lo hizo sin ruido y sin mencionar en ningún momento que la anodina reforma de la legislación sobre ‘intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la UE’ escondía un profundo cambio legal. Pero ese sigilo para colar por la puerta de atrás este cambio no fue completo porque el Ejecutivo —por imperativo legal— tuvo que desvelar sus cartas después de que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados diera luz verde al texto.

El Partido Popular no tomará medidas internas ante el «error injustificable», en palabras de Alberto Núñez Feijóo.