La reforma del Gobierno borra 215 años de cárcel a 23 etarras por 80 asesinatos
La ley será aprobada este lunes en el Senado pese a los intentos del PP y de familiares de víctimas del terrorismo por evitar que prosiguiera su recorrido parlamentario
Para la oposición ha sido un «engaño», una «trampa», una «treta». Para el Gobierno, que el pasado 22 de marzo presentó en el Congreso su proyecto de ley y en septiembre ‘coló’ en la comisión de justicia al PP y Vox las modificaciones que ahora se denuncian, sin mencionar jamás la palabra ETA, una simple «transposición» de la normativa europea.
Pero más allá de la inmensa polvareda política provocada por esta exitosa maniobra silente del Ejecutivo que tanto ha enojado a la oposición, se oculta en realidad una reforma penal de enormes consecuencias, hasta el punto de que —y en estos coinciden todos los expertos— las modificaciones en la Ley Orgánica 7/2014 sobre «resoluciones judiciales penales en la Unión Europea» va a ser el cambio legal más beneficioso desde la llegada de la democracia a nuestro país.
La envergadura del texto de apenas diez páginas que el Pleno del Congreso aprobó el pasado 18 de septiembre con 346 votos a favor y ninguno en contra, incluso en algún aspecto superará a la amnistía de 1977, que contó en la Cámara alta entonces con el apoyo de los diputados 93%, menos que en la votación del pasado septiembre. Y es que la ley de borrado penal de la ETA de la época franquista ‘solo’ afectó a 66 asesinatos de la banda terrorista, desde el primero de la banda que en 1968 acabó con la vida del guardia civil de tráfico José Antonio Pardines al perpetrado el 22 de junio de 1977 contra el empresario y exalcalde de Bilbao Javier de Ybarra.
Sin embargo, según los cálculos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la reforma de la ley que este lunes será aprobada en el Senado pese a los intentos de los pulares y también familiares de las víctimas de ETA por retrasarla, borrará de un plumazo 215 años de cárcel a los etarras que asesinaron a 80 personas.
El número de terroristas que van a verse beneficiados por los cambios promovidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, 41, es sin duda mucho menor que los 1.232 etarras que entre indultos y medidas de gracia de diversos tipos fueron amnistiados entre 1975 y 1978.
Aunque entre aquellos amnistiados había activistas muy violentos y recalcitrantes (de hecho 676 de ellos se reintegraron a las armas), lo cierto es que el perfil de los terroristas que se van a ver beneficiados por la reforma en trámite es todavía más sanguinario, sobre todo porque la banda antes de la muerte de Franco ‘únicamente’ asesinó a 45 personas, apenas el 5% del bagaje total sus muertes.
Condenas por asesinatos
Así las cosas, de esas cuatro decenas de etarras que van a ver acortado su tiempo en prisión, 23 tienen delitos de sangre. Solo esos activistas acumulan a sus espaldas un total de 106 condenas por atentados mortales. Son, por tanto, una parte significativa de los autores de los más de 800 asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA durante la Transición y la democracia.
En 1977 ni las herramientas estadísticas estaban tan avanzadas ni las investigaciones policiales y judiciales sobre la banda terrorista eran tan meticulosas, por lo que es imposible saber cuántos años de cárcel se ahorraron aquellos más de 1.200 amnistiados, sobre todo también porque con que esa medida de gracia se dio directamente carpetazo a los sumarios de los atentados que no habían ni llegado a juicio.
Salida inmediata de prisión
Ahora en 2024 sí que es posible calcular el descuento, al menos de forma aproximada por las «ejecutorias de penas», aunque sigue siendo un tema muy complejo, incluso para los propios tribunales. De acuerdo con los cálculos de la AVT, la reforma penal del Ejecutivo de Sánchez va a ahorrar unos 356 años de cárcel a la cuarentena de etarras que se verían beneficiados. Solo los 23 presos con delitos de sangre se van a librar de 215 años entre rejas.
Siempre según los cálculos de las víctimas, la aprobación de los cambios que este lunes va a refrendar el Senado debería suponer la excarcelación inmediata de diez presos, cuatro con delitos de sangre que suman 34 asesinados.