La mano derecha de Marlaska admite al juez que contrató con la trama por Koldo

El mando policial de mayor confianza de Fernando Grande-Marlaska, señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) como la persona que abrió las puertas del Ministerio del Interior a la empresa investigada en la ‘trama Koldo’, declaró este lunes como testigo ante el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el cobro de comisiones ilegales en varios contratos sanitarios durante la pandemia.

El comisario José Antonio Rodríguez González, director general de Coordinación y Estudios de Interior, reconoció ante el juez Ismael Moreno que contrató con la mercantil Soluciones de Gestión —orillando otras ofertas que ni siquiera se llegaron a valorar— por recomendación de Koldo García, quien en marzo de 2020 era asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y uno de los principales implicados en la causa.

Rodríguez, a quien todo el mundo en el cuerpo policial conoce como «comisario Lenin» por sus afinidades políticas que le han servido durante los últimos años para ocupar diferentes responsabilidades en Interior y la Policía Nacional casi siempre a la sombra de gobiernos socialistas, confirmó ante el magistrado que la intervención de Koldo propició que Interior a acabara adjudicando el citado contrato a la mercantil por 3,5 millones de euros. González, que días después de que Marlaska llegara al ministerio el verano de 2018 fue nombrado director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad (puesto en el que continúa a pesar de los innumerables cambios en el departamento) confesó al instructor que, tras hablar en marzo de 2020 con el asesor de Ábalos, fue éste quien le pasó el número de teléfono del principal comercial de la firma de la trama investigada, el ya imputado Iñigo Rotaeche, para cerrar la compra de un millón de mascarillas, que llegaron desde China a finales de mayo.

La adjudicación se hizo a través del procedimiento de urgencia por la situación del estado de alarma por la crisis sanitaria, es decir, sin concurso público ni otros requisitos administrativos habituales en estos trámites. Tras el visto bueno de las partes, el comisario González —siempre de acuerdo con la versión que dio ayer como testigo— dio órdenes a su subordinado de confianza, el policía ya jubilado Daniel Belmar, para que cumplimentara el contrato. La UCO, que se ha hecho con múltiples correos sobre esta contratación que probarían que Koldo García intervino en el proceso, no ha determinado sin embargo quién fue la persona que instó a la mano derecha de Marlaska a adjudicar a la empresa que dirigía en la sombra Víctor de Aldama, el presunto «conseguidor» de la red.

Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, el alto cargo de Interior, a pesar de comparecer como testigo y, por tanto, con obligación de decir de verdad, se mostró esquivo ante esa cuestión y dijo no recordar cómo, por qué o a través de quién llegó a Koldo y a Soluciones de Gestión. El responsable ministerial se limitó a señalar que durante los días más duros de la pandemia en primavera de 2020 le informaron de que Transporte había contratado con esta firma para la compra de mascarillas y que tenía el aval ministerial.

De forma paralela, Interior salió al paso de otro asunto colateral al ‘caso Koldo’. En una respuesta parlamentaria al PP conocida este lunes, el departamento aseguró que «no mantuvo contacto alguno» para destinar a policías en embajadas con el exasesor de Ábalos. Los populares preguntaron por informes de la UCO que señalaron a Koldo porque «hasta en tres ocasiones intercedió para que Interior destinara a agentes a distintos puestos en embajadas», muy cotizados por la remuneración que conlleva. Citaron el caso de Rubén de Aldama, hermano del «conseguidor» de la trama y escolta de Ábalos, ya que Koldo habría «mediado para que fuese destinado en comisión de servicios a la Embajada de España en Rusia en 2021». «En la Secretaría de Estado de Seguridad y sus órganos directivos no se ha mantenido contacto alguno con este señor para destinar a ningún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en ninguna embajada, ni ha sido objeto de discusión en las reuniones de la Comisión de Destinos en el Exterior», contestó el ministerio al PP.