El PP logra retrasar la aprobación de la ley que beneficia a 41 etarras

La previsión era que la reforma legal que excarcelará a cuatro decenas de etarras antes de lo previsto saliera adelante de forma definitiva este lunes y fuera publicada automáticamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pero en un giro de guion sin precedentes, el presidente del Senado, Pedro Rollán, amparándose en un informe sobrevenido de los letrados de la Cámara alta, decretó devolver la norma al Congreso de los Diputados. Una decisión insólita, que el Senado establezca de forma unilateral que la votación —con 148 votos en contra, 111 votos a favor y dos abstenciones— se entienda como un «veto», con la que el PP encuentra un resquicio por el que intentar dilatar el trámite parlamentario.

La sesión de este lunes, planteada como un trámite para convalidar la iniciativa legislativa, no tenía efectos prácticos, tal y como confirmaron la semana pasada a este periódico fuentes tanto de la presidencia del Senado, en manos de los populares, como del grupo socialista. La razón es que el texto entró en la Cámara alta sin enmiendas totales ni parciales en el plazo estipulado, por lo que, pese al previsible voto en contra del PP, Vox y UPN en este pleno, se asumía que enfilaría el BOE para su aplicación. Dicho informe jurídico, que ha sido la interpretación con la que ha actuado Rollán, hace referencia a que si la mayoría del pleno rechaza un texto, aunque no haya sido modificado a través de enmiendas, se supone que es vetado y devuelto al Congreso para su aprobación definitiva. «No hay precedentes de un rechazo por mayoría absoluta a un proyecto de ley que no haya sido enmendado en Comisión», arguyen fuentes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, cerrando filas «íntegramente» con la decisión del presidente de la Cámara alta. Según el citado dictamen de los letrados, «ante la falta de precedentes y a la vista de lo señalado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 97/2002, puede considerarse, de conformidad con el artículo 106.1 del Reglamento, como un veto, dando lugar por consiguiente a la vuelta del texto al Congreso de los Diputados».

La maniobra, que fuentes socialistas del Senado califican de «barbarie», no evitará que la reforma salga adelante, pero amaga con provocar un choque institucional entre ambas Cámaras. El movimiento del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo devuelve ahora la patata caliente a la Mesa del Congreso, controlada por el Gobierno, que es la que deberá responder al requerimiento del Senado y, a priori, convocar un pleno para decidir si levanta el veto. «No se ha votado un veto, se ha votado una ley», defendió el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en declaraciones en un acto en el Ateneo de Madrid.

Crudo debate

El debate sirvió para que el bloque formado por PP, Vox y UPN confrontara con dureza con los socialistas, a los que acusaron de promover la reforma como contraprestación al «pacto encapuchado» con EH Bildu y de engañarlos en el primer trámite del Congreso de los Diputados para que votaran a favor.

Del otro lado, la mayoría de grupos parlamentarios que votaron a favor de la iniciativa defendieron la norma con el argumento de que es necesario equiparar a España al resto de países de la UE y cargaron contra los partidos de la derecha alegando que la apoyaron siendo plenamente conscientes de las consecuencias para los presos de ETA y no por «error», como argumentan los populares.

Marimar Blanco, senadora y hermana de Miguel Ángel Blanco, pidió «perdón a los españoles y a las víctimas» por el error de no haber advertido durante la tramitación de la norma los efectos de la enmienda y arremetió duramente contra Pedro Sánchez —al que pidió su dimisión acusándole de «pisotear a las víctimas sin ningún escrúpulo»— y el Ejecutivo por colar una enmienda que «deliberadamente liberará a los asesinos de ETA». «¿Van a tener la valentía de decirme a mí, víctima del terrorismo, que tengo nostalgia de la banda terrorista ETA?», espetó Blanco a la bancada socialistas. «Otegi dicta y Sánchez obedece y ejecuta», recalcó.

Vox y UPN también se mostraron muy críticos con el Gobierno. La portavoz de la formación de Santiago Abascal, Paloma Gómez, defendió que «a nadie se le puede pasar por la cabeza que un partido fundado por Ortega Lara pueda querer beneficiar a presos de ETA de forma voluntaria», esgrimió. En esta misma línea, la senadora de UPN reprobó a los socialistas: «Se jactan de haber colado un gol a la oposición. Esto es lo que más me duele», defendió Mari Mar Caballero. La senadora socialista María Elena Diego Castellanos blandió en su discurso la memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba para pedir al PP aparcar «el odio y el rencor» a la hora de legislar e interpeló con contundencia a Marimar Blanco situando a su partido en la política de la «confrontación».