El Supremo imputa al fiscal general y éste se niega a dimitir apoyado por el Gobierno

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado por unanimidad abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por el presunto delito de revelación de secretos del que les acusa la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de una medida inédita, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.

El novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa a las 10.20 horas del pasado 14 de febrero en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal del caso, Julián Salto, por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado. En la misma línea, el Supremo fija como hechos delictivos la difusión de la nota informativa, una «publicación que no se hubiera producido sin la autorización y orden expresa del fiscal general del Estado», lo que determina la competencia de la Sala Segunda del alto tribunal.

La Sala de lo Penal también ha acordado investigar a Rodríguez Fernández, que supuestamente envió a García Ortiz datos para la elaboración de la citada nota, porque, aunque no tiene la condición de aforada, los magistrados entienden que ambos comportamientos —el del fiscal general y el de ella— guardan una «conexión inescindible» que impide la incoación de causas separadas. El tribunal, formado por los magistrados Susana Polo, Manuel Marchena , Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, y Carmen Lamela, ha designado instructor de esta causa, conforme al turno establecido, al magistrado Ángel Luis Hurtado.

«HAY QUE SACARLA YA»

El TS considera que, de la exposición razonada enviada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), así como de las querellas y denuncias presentadas, entre otros por González Amador, se desprende la imputación a García Ortiz y a Rodríguez Fernández de un delito de revelación de secretos, como consecuencia de la divulgación de la nota informativa donde se detallaba la cronología de las diligencias de investigación relativas a González Amador. En concreto, la nota tenía por objetivo aclarar que «el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal», que había existido hasta ese momento era «el propuesto por el letrado de González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024».

El Supremo señala que, «aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos, pero de la instrucción de causa practicada por el TSJ y, en concreto, de la declaración del fiscal de Delitos Económicos que llevaba el asunto, se desprende que horas antes de la nota de prensa los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general y de la fiscal jefa provincial». La Sala explica que las informaciones contenidas en esa nota ya habían sido sacadas a la luz por distintos medios los días 12 y 13 de marzo. En concreto, habían informado de la existencia de un correo electrónico del abogado de González Amador, de fecha 2 de marzo, dirigido a la Fiscalía de Madrid, en el que manifestaba que, de común acuerdo con su cliente, asumía la comisión de dos delitos fiscales «reconociendo íntegramente los hechos» y se comprometía a pagar a Hacienda.

Se niega a dimitir

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha anunciado este miércoles que seguirá en el cargo. «En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado», ha anunciado en un comunicado.

García Ortiz se ha mostrado «consciente» de «la repercusión pública de la noticia» y de «la afectación que supondrá en el trabajo de los fiscales de nuestro país», si bien ha afirmado que «es, precisamente, la ponderación de estas circunstancias» lo que le ha persuadido para «seguir ejerciendo plenamente» sus «atribuciones legales». «Como hasta ahora he venido haciendo: con pleno respeto a la Ley y al Estado de derecho», ha remachado. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha trasladado el «total respaldo» del Gobierno al fiscal general del Estado y asegura que respeta la decisión del Supremo pero ha mostrado su total apoyo al fiscal «en este caso y en su actuación al frente de la Fiscalía persiguiendo el delito» y ha defendido que lo único que hizo fue difundir una nota en la que se «desmiente una información falsa». Bolaños justifica la actuación de la Fiscalía porque lo que hizo fue «perseguir el delito y proteger la verdad», al contrario del novio de Ayuso, Alberto González Amador.