Los fiscales dejan en minoría a García Ortiz y le exigen que abandone el cargo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reafirmado este jueves ante una carrera fiscal completamente dividida su voluntad de seguir al frente de la institución a pesar de haber sido imputado y de desoír la petición de la mayoría del Consejo Fiscal de renunciar a su cargo.

El día después de que el Supremo abriese causa contra él por un posible caso de revelación de secretos en la causa del fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el fiscal general ha convocado a la Junta de Fiscales de Sala (la cúpula de la carrera) y al Consejo Fiscal (principal órgano asesor) para explicar por qué no piensa dimitir.

Ayer por la mañana, en la Junta de Fiscales de Sala, García Ortiz ha escuchado una decena de voces exigiendo su dimisión, la mitad de los que han tomado la palabra, frente a otra decena que le ha mostrado su apoyo y otro bloque que no ha participado o tomado la palabra. Ya por la tarde, el Consejo Fiscal —órgano representativo de la carrera— le ha pedido la dimisión al imponerse la mayoría de vocales de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que sostienen que su permanencia supone un daño a la reputación de la institución a y su apariencia de imparcialidad.

Todo lo contrario de lo argumentado por los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que plantean que la dimisión «sería un acto de irresponsabilidad que contribuiría al debilitamiento de los cimientos de esta institución». «Querer desbancarlo a él por un motivo tan espurio es querer desbancarnos al resto», han añadido.

Es la misma tesis que defiende el fiscal general, convencido de que él no ha filtrado los correos que mostraban que el novio de Ayuso ofreció un pacto a la Fiscalía en el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales por defraudar 350.951 euros y que es mejor para la carrera que siga al frente. Sus intervenciones ante ambos cónclaves han sido similares. Ha defendido su actuación, ha estimado que lo menos gravoso y más prudente es su propia continuidad en el cargo y ha añadido que, en todo caso, el tribunal tiene que probar ahora su culpabilidad.

García Ortiz confiaba en lograr más apoyos de los recibidos en la Junta, a la que han asistido 30 de 35 miembros. Así, aquellos fiscales que han accedido al máximo escalafón de la carrera con él o con su antecesora, Dolores Delgado, han sido los principales en apoyarle. Entre ellos, el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, y el fiscal jefe del Constitucional, Pedro Crespo.

Después, un grupo de fiscales de sala que se mantiene enfrentado a García Ortiz por su decisiones sobre la amnistía y ciertos nombramientos, que son también los mas veteranos de la Junta, han reclamado que dimita por el bien de la institución tras ser imputado por el tribunal más alto del Estado por un delito que conlleva hasta cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación. Entre ellos, destacan los cuatro fiscales del ‘procés’.

Al no haberse sometido su continuidad a votación, los números y las interpretaciones bailan según las fuentes consultadas. Han intervenido 23 fiscales, seis no han tomado la palabra y cinco estaban ausentes. Así, algunas fuentes hablan de que ha recibido ligeramente más apoyos que críticas, pero otras en cambio inclinan la balanza hacia un mayor número de peticiones de dimisión.

Preocupación

Luego está un grupo más reducido que sin manifestar explícitamente que no debe continuar en el cargo, sí ha alertado de las consecuencias que eso implica para la institución.

Porque más allá de los números las fuentes sí coinciden en señalar que hay «preocupación» en la carrera por la imputación del fiscal general, comenzando por el propio García Ortiz. «Él sabe que la situación es difícil y es plenamente consciente de ello, pero está tranquilo y convencido de su decisión», señala una fuente. Una prueba de ello es que ha convocado al Consejo Fiscal para un nuevo encuentro en diciembre, lo que los vocales entienden como un «gesto firme» de que pretende seguir al frente de la institución al margen de como discurra ahora la investigación en el Supremo.