La Justicia da un nuevo varapalo a Sánchez y fulmina su querella contra Peinado

El Gobierno sigue acumulando varapalos judiciales en su intento de enterrar el ‘caso Begoña Gómez’. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó este viernes por unanimidad admitir a trámite la querella de Pedro Sánchez por «prevaricación judicial» contra Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a la esposa del presidente por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Los magistrados, en contra del criterio de la Fiscalía que se había alienado con las tesis del jefe del Ejecutivo, no ven ningún indicio de irregularidad en la actuación del titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid cuando prohibió a Sánchez declarar por escrito en este procedimiento contra su mujer (tal y como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permite a las autoridades, entre ellas al jefe del Ejecutivo).

En un auto dictado este viernes que consta un voto particular que no cambia el sentido unánime de la decisión (un magistrado proponía además de inadmitir la querella interrogar a Sánchez por mala fe procesal), la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, que insiste en que no ve delito en la determinación del juez en forzar el interrogatorio en Moncloa, da carpetazo a la demanda del presidente sin tan siquiera ordenar diligencia alguna porque creen que esta querella es solo «especulativa», «tergiversa» lo que supone en sí el delito de prevaricación y además «destila prejuicio» contra el instructor.

Esta resolución del TSJ, sumada a la decisión de la Audiencia de Madrid de avalar la instrucción del juez Peinado sin apenas limitaciones, echa por tierra gran parte de la estrategia de La Moncloa para enterrar la investigación a Begoña Gómez. Ni el tribunal provincial ha forzado al juez al archivo como pedía la defensa de la imputada y ni el TSJ va a mover un dedo para apartar de la carrera judicial a Peinado, como pretendía Pedro Sánchez. En esta ofensiva solo queda ya una última bala a Moncloa, que según todas las fuentes va a acabar también en nada: la querella de la propia mujer del presidente contra el juez por «prevaricación continuada», que no cuenta con el apoyo ni tan siquiera de la Fiscalía. El Superior de Madrid, además, ya dio carpetazo a la querella del periodista Máximo Pradera que acusaba al instructor de revelación de secretos.

El argumento principal del TSJM para tumbar la demanda de Sánchez es que la citación como testigo al presidente se hizo «claramente» por actos no derivados del ejercicio de las funciones de jefe del Ejecutivo Gobierno, por lo que Pedro Sánchez, a pesar de lo que alegaba, no tenía el derecho indiscutible de declarar por escrito, tal y como establece la ley. «Una cosa es que el querellante sostenga que su condición institucional es prácticamente indisoluble de su condición personal o familiar. Otra bien distinta es la que se plasma en las resoluciones judiciales que dan lugar a la querella», explican los magistrados, que subrayan, que en estas últimas «se prescinde del conocimiento que de los hechos que se investigan haya podido tener Sánchez en el ejercicio de su cargo». «Sea acertada o no» la fórmula que Peinado eligió para interrogar al testigo, «es lo cierto que no quiso interrogar al presidente del Gobierno por sus actos como institución, sino al esposo de la querellada por lo que hubiese podido conocer en este plano personal», zanja el tribunal haciendo suya al 100% la tesis del instructor.

En su querella Sánchez, a través de la Abogacía del Estado y en un movimiento sin precedentes, el pasado 30 de julio, demandó al juez por la «necesidad de defender la institución que representa la Presidencia del Gobierno» frente a la «arbitrariedad» de Peinado.

La demanda que firmaba la letrada del Estado Zaida Isabel Fernández Toro, veía una clara prevaricación en la actuación de Peinado en su empeño por interrogar en persona a toda costa al presidente, incluso a sabiendas de que no podía hacerlo una vez que él había manifestado su intención de limitarse a responder un cuestionario, tal y como le ampararía la Ley de Enjuiciamiento Criminal por tratase de hechos que no son ajenos al cargo que actualmente ostenta Sánchez (el supuesto tráfico de influencias se habría cometido haciendo uso de su ascendente como autoridad). Los servicios jurídicos del Estado entendían que Peinado habían «violentado sin motivación posible» la ley para intentar interrogar en persona al presidente con «una finalidad extraprocesal».