La jueza indaga si el novio de Ayuso incurrió en otros delitos en sus negocios con Quirón

La magistrada que investiga al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acordado ampliar la causa para indagar si pudo incurrir en "otros delitos distintos" mediante el uso de una sociedad pantalla en el marco de sus negocios con la empresa Quirón Prevención.

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que investiga a González Amador por un presunto fraude de 350.951 euros euros a Hacienda y falsedad documental, ha reconsiderado su decisión y ha estimado un recurso de Más Madrid y del PSOE para ampliar las pesquisas.

En un auto, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso EFE, la jueza acuerda abrir una pieza separada para investigar si González Amador pudo incurrir en "otros delitos distintos" mediante el presunto uso de una sociedad pantalla para "ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados" por Maxwell Cremona, de la que el empresario es administrador.

Lo hace al tener en cuenta un informe de la Agencia Tributaria que alerta de una "operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria" por la que, presuntamente, este empresario habría utilizado una sociedad pantalla en 2021 mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona y su cliente Quirón Prevención SL.

El objetivo, explica la jueza, sería "ubicar de forma ilícita y fraudulenta en esa mercantil parte de los ingresos generados por servicios prestados realmente por Maxwell Cremona" y así generar unas "bases imponibles negativas a compensar para el futuro".

Así, Alberto González Amador conseguía "remansar" y poner a su disposición "los importes facturados y cobrados a Quirón Prevención" a través de esta supuesta empresa pantalla, que también él controlaba, pese a que "servicios así facturados fueron realmente prestados por Maxwell Cremona", explica el auto.

La jueza no especifica en su resolución qué posibles delitos investigará en la pieza separada, si bien recalca que la Abogacía del Estado entiende que "en la simulación subjetiva de ese negocio jurídico" podría haber "una administración desleal", y que la acusación también apunta a un posible delito de corrupción en los negocios.

Según la tesis de la acusación popular, este supuesto contrato de cesión "es inverosímil y resulta inexplicable desde el punto de vista de los intereses de Quirón" ya que la citada empresa pantalla no tenía "apenas actividad ni medios personales ni materiales" en el momento de la firma.

Pese a ser el destinatario de los servicios y quien los iba a pagar, Quirón habría aceptado que ambas empresas decidiesen libremente quién presta cada uno de los servicios, sin recoger en el contrato ninguna previsión específica en cuanto a los honorarios.

Esta acusación también pone el foco en el "importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman", en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención, y entiende "que podría tratarse de una contraprestación" por la adjudicación de unos contratos o por una operación en la que Maxwell Cremona intermedió en favor de otra sociedad de la que era consejero el presidente de Quirón Prevención.

El informe de la Agencia Tributaria, recuerda también la jueza, aludía a que la pandemia "supuso una oportunidad de negocio" para la empresa de González Amador, "que dio lugar a un incremento muy sustancial de sus ingresos de actividad", si bien "no se produjo un incremento de su tributación (...), consecuencia de diversos comportamientos fraudulentos como lo son la deducción de gastos improcedentes con origen en la factura que se reputan falsas o falseadas".