La policía ‘toma’ el despacho del fiscal general del Estado

El juez del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ordenó este miércoles a la Guardia Civil el registro del despacho del fiscal general del Estado como primera diligencia en su investigación por un delito de revelación de secretos, por supuestamente haber aireado datos de la investigación fiscal contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Una entrada que fue reclamada por la acusación particular de la causa, que ejerce el propio afectado, Alberto González Amador, y que también se dirigió contra la otra investigada: la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Hurtado encargó el registro a los agentes de la UCO de la Guardia Civil, quienes se presentaron a las diez de la mañana en las dependencias que ocupa Álvaro García Ortiz. La orden era, entre otras cosas, copiar los servidores de los ordenadores e incautarse de los dispositivos personales. Con ello busca el rastro de los correos electrónicos desde los que, supuestamente, pudo recibir y reenviar la segunda semana de marzo a personas ajenas al proceso los mails que se intercambiaron el abogado de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto.

Este registro sin precedentes —jamás antes en la historia judicial española se había allanado por orden judicial una dependencia oficial del Ministerio Público— se produjo solo minutos después de que el magistrado de la Sala Penal Hurtado, instructor de la causa, comenzara oficialmente la investigación. Dictó un auto en el que incoaba las correspondientes diligencias previas y requería al investigado para que designara abogado y procurador.