Sánchez y Feijóo encaran la hecatombe sin hablarse y enfrentados sobre cómo actuar
El presidente deja el mando a Mazón, quien lo asume mientras el PP censura que no se decrete la emergencia nacional
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante la declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, ayer.
Una legislatura de polarización al límite que ha convertido «el fango» en argumentario político de cabecera acaba de meterse hasta el cuello en un barrizal corpóreo, torrencial, dramático e inimaginable en sus arrasadoras consecuencias. La dana que el martes anegó la Comunidad Valenciana bajo un infierno de lluvia y lodo y extendió su devastación a municipios de Castilla-La Mancha y Andalucía no sólo ha provocado lo peor, esos 211 muertos de momento que toda la ciudadanía del país intuye, en un duelo colectivo, que es la punta del iceberg de una desgracia descomunal dados «los cientos y cientos» de víctimas que continúan desaparecidas. Ha desnudado las insuficiencias de las distintas administraciones que integran el Estado, señaladas por una ciudadanía tan desazonada, indignada y desafecta hacia sus representantes institucionales como movilizada para ayudar a socorrer a los damnificados. Y ha colocado al Gobierno de Pedro Sánchez y al PP de Alberto Núñez Feijóo, al que pertenece el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ante la obligación de gestionar el mayor desastre natural sufrido por España en lo que va de siglo y en la cúspide de los peores en Europa con los puentes rotos por el diluvio político que cae sobre este cuatrienio y con criterios opuestos sobre qué hacer ante semejante hecatombe. O, lo que es lo mismo, sobre quién tiene que asumir el mando en la coordinación de las distintas administraciones.
Ni una palabra
El jefe del Gobierno y el líder de la oposición no han cruzado palabra desde que el martes por la tarde reventara la tragedia; no lo habían hecho al menos, según las fuentes consultadas, cuando el presidente compareció ayer por la mañana para dar cuenta de que aumentará hasta 8.000 soldados y 10.000 policías y guardias civiles los efectivos desplegados y para fijar el tablero en el que va a seguir moviéndose: «No se trata ahora de que la Administración General del Estado reemplace a la autonómica, no», enfatizó Sánchez, de pie y vestido de oscuro en La Moncloa, sino de «apoyar al Ejecutivo de Mazón con aquello que requiera expresamente, porque son los responsables valencianos los que conocen el terreno» y dejarlos al frente es lo «más rápido y eficaz» ante «la colosal tarea» que ha de asumirse. Se trata de combinar, describió, «la capilaridad y la cercanía» con «el poder colectivo» de la autoridad central.
«Un país unido en la diversidad y ante la adversidad», ilustró el presidente, quien apeló al músculo exhibido por el país y sus gentes en crisis precedentes como la pócima para poder sobreponerse a este drama.
Pero a diferencia de lo hecho frente a la covid, Sánchez, que no ha convocado ningún Consejo de Ministros extraordinario dejando la aprobación para este martes de la catalogación de las áreas inundadas como «zonas gravemente afectadas», no ha decretado una medida tan excepcional como el estado de alarma ni la de emergencia nacional. Y ello pese a admitir que lo ejecutado «no es suficiente» y que existen «carencias severas» con «servicios colapsados, municipios sepultados en el lodo y gente desesperada».
La emergencia y la alarma
«El mayor reto de nuestras vidas», constató Mazón, quien, en una comparecencia por la tarde, resolvió ejercer el mando cedido por el Gobierno con un plan de actuación que incluye una profusa lista de requerimientos e incorporar a siete ministros en cinco equipos de trabajo, lo que vino a aceptar el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sentado en el Centro de Control de Emergencias junto al líder regional.
El partido de éste maneja desde el viernes un «documento de trabajo» interno de cuatro folios en el que, a partir del marco normativo vigente —en especial la ley de julio de 2025 del Sistema Nacional de Protección Civil y el Real Decreto 524/2023 con la Norma Básica de Protección Civil—, descarta que esta dana deba combatirse con un nuevo estado de alarma, pero sí con una declaración de emergencia nacional que el Ejecutivo puede dictar según necesidad y que habría situado al frente de la crisis a Grande-Marlaska.
«El Gobierno de España no puede mirar para otro lado y no asumir su parte de responsabilidad tanto en las acciones preventivas y de alerta a la población, como en las primeras horas de la emergencia y en las acciones de recuperación que se van a realizar», concluyen los populares con una nueva cobertura implícita a Mazón, interpelado por no haber enviado hasta las 20:11 horas del martes la alerta, cuando ya miles de valencianos estaban atrapados.
Su alusión a que «ya habrá tiempo de mirar atrás» a fin de evaluar posibles «negligencias» remitió a las responsabilidades que, ‘sotto voce’, apuntan los socialistas en el debe del barón autonómico del PP. Y tampoco perdió la ocasión ayer de subrayar, bajo la máxima de que ahora no toca, que habrá que revisar la relevancia de los servicios públicos y la asunción de lo que implica la crisis climática. Su relato del Estado de bienestar frente al neoliberalismo y el negacionismo que atribuye a las derechas.