Los tribunales tramitan ocho querellas y denuncias por la gestión de la dana

Era cuestión de tiempo que la gestión de la dana en Valencia se acabara judicializando. Una estrategia cada vez más recurrente (ya se vio durante la pandemia del coronavirus por las medidas del Gobierno) por parte de partidos políticos y asociaciones privadas de toda índole para doblegar al adversario o, cuanto menos, atacar su reputación pese al mayoritario archivo de estas acciones judiciales.

En este sentido, los tribunales han recibido hasta la fecha cinco querellas penales y tres demandas administrativas para examinar la responsabilidad judicial de cargos públicos y órganos superiores del Gobierno central y la Generalitat Valenciana. Según fuentes oficiales, el Tribunal Supremo ha registrado ya cinco escritos de diferentes entidades y particulares y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), tres.

En la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal se han presentado querellas de Vox, el pseudosindicato Manos Limpias, el partido antisistema Iustitia Europa y un particular, Manuel Romeral Frías, presidente de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción. Estas acciones penales se dirigen contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, la titular de Defensa Margarita Robles y la de Transición Ecológica Teresa Ribera.

A todos ellos se les acusa por la presunta negligencia en sus actuaciones que, ya sea por acción u omisión, ha creado un riesgo con «resultado de muerte o lesiones», en alusión a los fallecidos ya confirmados y los cientos de afectados por la riada del pasado 29 de octubre. Los delitos genéricos que se incluyen en estas querellas contra los aforados son homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro. Del mismo modo, algunos de estos escritos también apuntan a otros cargos intermedios de la administración central: a la subsecretaría del Ministerio de Interior, Susana Crisóstomo; a la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), María José Rallo; y a su homólogo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues. La clave de bóveda de estas querellas es la presunta inacción del Ejecutivo de Sánchez al no declarar la emergencia de interés nacional. También en el Supremo, en concreto en la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo), el abogado valenciano Curro Nicolau ha registrado una demanda contra las decisiones de órganos superiores del Gobierno en el marco de la DANA. En concreto, el también empresario del sector energético centra su escrito en la supuesta «inactividad» de la administración central. Una conducta más propia de examinar por la jurisdicción penal que la administrativa, donde se suelen recurrir actos ejecutivos, decretos o leyes.