El ‘shock’ de la dana agudiza la distancia entre el Gobierno, algunos socios y el PP

Si el Gobierno creyó en algún momento que el impacto emocional podía modificar las dinámicas parlamentarias y allanar el camino a unos Presupuestos Generales del Estado que debían haberse enviado al Congreso hace más de mes y medio, esta semana, cuando se cumple un año de la investidura de Pedro Sánchez, se ha dado de bruces con la realidad.

Teresa Ribera, de cuyo departamento dependen la Aemet, la Conferencia Hidrográfica del Júcar y las inversiones en conservación y mantenimiento de las ramblas, se ha convertido en el blanco de los ataques del PP, asfixiado a su vez por la actuación, cuestionada también internamente, del presidente valenciano, Carlos Mazón, en la fatídica jornada que arrasó más de medio centenar de municipios valencianos. Y, aprovechando tensiones ya existentes entre las principales familias europeas, Alberto Núñez Feijóo ha logrado, de la mano del líder del PPE, Manfred Weber, poner en riesgo su designación como número dos de Ursula von der Leyen en la Comisión europea, que cinco meses después de las elecciones sigue pendiente de constitución.

Sánchez no ha levantado el teléfono en todo este tiempo para intentar resolver el asunto con Feijóo (sí ha hecho gestiones con Von der Leyen y otros colegas europeos). Tampoco lo hizo para proponerle un pacto de Estado por el clima, como el planteado en el pleno por el ministro Torres, ni para informarle sobre las actuaciones del Gobierno. Y el líder de la oposición no ha parado de reprocharle que no declarara la emergencia nacional, que habría dado al Ejecutivo el mando de la gestión.

El viernes, tras la comparecencia de Mazón en las Cortes valencianas para rendir cuentas, los socialistas dieron una vuelta de tuerca a su estrategia y, tras semanas asegurando que la colaboración con la Generalitat estaba funcionando bien, reclamaron al PP que fuerce al president a marcharse y ofrecieron sus votos «sin contrapartidas» para formar un Gobierno «técnico» que no dependa de Vox, «se coordine con todas las administraciones de forma eficaz» y se centre en la vuelta a la normalidad para después convocar elecciones. Pero el principal problema del Gobierno no es el PP, sino la falta de cohesión de la precaria mayoría parlamentaria sobre la que se asienta. Tanto Podemos como Junts ya fueron claros la semana previa al advertir a Sánchez de que no se daban por aludidos con su argumento de que el ingente trabajo de reconstrucción y relanzamiento económico al que obliga la dana «multiplica hasta unos límites colosales» la responsabilidad de aprobar los Presupuestos. Y ahora hay un enfado bastante generalizado entre los aliados habituales del Ejecutivo por el modo en el que se han conducido las negociaciones, aprovechando una ley que urge aprobar si se quieren evitar sanciones de la UE por su tardía aplicación -la que impone un mínimo del 15% del impuesto de Sociedades a las multinacionales- para calzar la reforma fiscal vía enmiendas. El Ejecutivo necesita esa reforma para solicitar antes de fin de año el quinto pago de los fondos europeos, unos 7.000 millones.