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POLÍTICA TRIBUNALES

Guía para no perderse en un escenario político-judicial saturado: del covid a Begoña Gómez

De la gestión de la pandemia y de la dana al caso de Begoña Gómez, juzgados de todo el país acumulan investigaciones que salpican a cargos públicos o a sus familiares, muchas de ellas impulsadas por partidos u organizaciones afines que saturan los tribunales como acusaciones populares

Imagen de archivo de la fachada de los juzgados de la plaza de Castilla en Madrid.EFE/ Mariscal

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Agencias

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De la gestión de la pandemia y de la dana al caso de Begoña Gómez, juzgados de todo el país acumulan investigaciones que salpican a cargos públicos o a sus familiares, muchas de ellas impulsadas por partidos u organizaciones afines que saturan los tribunales como acusaciones populares.

Una condición jurídica a la que en las últimas décadas han echado mano prácticamente todos las formaciones políticas para denunciar casos de supuesta corrupción de sus rivales, pero que en los últimos tiempos se ha convertido en parte central de la estrategia de partidos como Vox y de organizaciones de la órbita ultraconservadora como el pseudosindicato Manos Limpias o la asociación HazteOír.

De más reciente cuño son asociaciones como Liberum, nacida para restaurar libertades "usurpadas" en la pandemia, según afirma en su web; o Iustitia Europa, que defiende "un reinicio moral para España" y promete perseguir a los políticos en los tribunales.

Gobiernos de distinto signo han intentado limitar la polémica figura de la acusación popular para evitar la instrumentalización de la Justicia, y el Tribunal Supremo ha alertado del riesgo de "trasladar al proceso penal la contienda política".

El propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está siendo investigado en una causa con acusaciones populares, ha advertido esta semana de que, en muchas ocasiones, con esa personación en el juzgado se busca obtener repercusión o acceder a información de los procedimientos y filtrarla.

Esta es una breve guía de algunas de las causas conectadas con la política:

El caso Koldo o el caso Ábalos

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno instruye el caso Koldo, la presunta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de mascarillas en plena pandemia. Junto a la Fiscalía, en este causa actúan como acusaciones populares el PP, Vox, Liberum y Iustitia Europa.

La parte de esa causa que afecta al exministro José Luis Ábalos, ha sido asumida por el Supremo al ser diputado y estar aforado. el alto tribunal le investiga por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación

El PP se querelló también contra el PSOE por presunta financiación irregular, pero la Audiencia Nacional lo descartó. Sí aceptó su personación como acusación popular en la investigación contra el empresario Víctor de Aldama por la presunta trama de fraude de IVA de hidrocarburo.

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e instrusismo por su labor como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense. La ha citado para el 18 de diciembre.

Vox coordina todas las acusaciones populares que el juez admitió en esta causa: Manos Limpias, que fue quien denunció a Gómez en primera instancia, HazteOír, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España.

La gestión de la dana

El Tribunal Supremo ha recibido ya una decena de denuncias o querellas relacionadas con la dana de Valencia, por delitos como omisión del deber de socorro u homicidio imprudente, la mayoría contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Entre los querellantes o denunciantes están de nuevo Vox, Manos Limpias y Iustitia Europa, que también se ha querellado contra el presidente valenciano, Carlos Mazón, en el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad.

Del novio de Díaz Ayuso al fiscal general

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha citado para el 29 de noviembre a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al que investiga por presunto delito fiscal y fraude documental. A la denuncia presentada por la Fiscalía se han unido Más Madrid y el PSOE como acusaciones populares.

Una derivada inédita del caso ha sido la imputación del fiscal general del Estado en el Supremo por un delito de revelación de secretos al ser denunciado por González Amador, que ha demandado también a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por intromisión ilegítima en su derecho al honor.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno

El juzgado de instrucción número 3 de Badajoz investiga a David Sánchez por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias relacionados con su actividad en la Diputación de Badajoz tras una denuncia presentada por Manos Limpias. A la causa se ha sumado, entre otros, Vox.

Kitchen, Lezo, Púnica...

PSOE y Podemos ejercen como acusaciones populares en el llamado caso Kitchen, en el que la Audiencia investiga la presunta operación parapolicial montada para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraer material que podría guardar del caso Gürtel

El PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) también está personado en causas de corrupción que afectan a ex destacados miembros del PP, como los casos Púnica y Lezo, en el que también están presentes Podemos e IU.