El comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama comparece ante el juez a petición propia

El empresario Víctor de Aldama, en prisión por el caso Hidrocarburos, comparece este jueves a petición propia ante el juez del caso Koldo, que le investiga como el "núcleo corruptor" de la trama de compra de mascarillas que supuestamente se gestó en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, le ha citado a declarar este jueves después de que el conocido como el comisionista del caso Koldo le pidiera desde prisión poder comparecer voluntariamente.

De Aldama ya estuvo frente al juez Ismael Moreno cuando fue detenido en febrero por el caso Koldo y quedó en libertad con medidas cautelares tras acogerse a su derecho a no declarar.

El mes pasado volvió a ser detenido por su presunta implicación en una trama de fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros y esta vez el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó su ingreso en prisión provisional por esta causa, que surgió de la investigación del caso Koldo.

Precisamente De Aldama ha pedido declarar de forma voluntaria después de que la semana pasada la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera mantenerle en prisión al apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas en relación a la cuentas que puede tener en el extranjero.

El juez Pedraz acordó su ingreso en prisión sin fianza el mes pasado por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en el marco del llamado caso hidrocarburos.

De Aldama planteó la nulidad de esta medida al alegar que fue acordada pasadas 72 horas de su detención, además de considerar que su ingreso en prisión podía entenderse como un medio de "presión" para "conseguir fines estatales como el confesado de descubrir eventuales cuentas o bienes ocultos", cuestiones que rechazó la Sala de lo Penal.

La citación este jueves coincide además con la ya prevista para la próxima semana de cinco socios de De Aldama a los que el juez llamó a declarar como investigados en relación con la trama de compra de mascarillas y con la introducción de test de Covid en aeropuertos de Canarias y Baleares.

Los últimos informes de la UCO de la Guardia Civil en el caso Koldo, que han propiciado que se le abra una causa en el Supremo al exministro José Luis Ábalos, situaban a De Aldama en un "rol central" de la trama de adjudicación de la compra de material sanitario.

De Aldama, según la UCO, "personifica el nexo corruptor que conecta de manera premeditada y con intenciones claramente espurias, la administración estatal -en este caso el Ministerio de Transportes- con las estructuras societarias que operan bajo su control y dirección".

En el seno de Transportes, los investigadores han podido observar actuaciones de De Aldama como intermediario con otros países, principalmente Venezuela; el requerimiento para la entrada y circulación en España de personas extranjeras durante la pandemia o la adjudicación de contratos públicos en favor de terceros.

La UCO ha comprobado también que De Aldama, en calidad de consejero asesor de Air Europa, mantuvo un encuentro con Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García en la sede del Ministerio el 10 de junio de 2020.

El vínculo de De Aldama con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y con Air Europa, según la UCO, también "refuerza la posición privilegiada que tenía en este ministerio".

La relación con Ábalos llegó a ser tan estrecha que De Aldama fue el encargado de pagar, a través de un testaferro, el alquiler del piso que Ábalos puso a disposición de su entonces compañera sentimental. Una cifra que alcanzó los casi 89.000 euros.

El exministro fue también agasajado con un chalet en la urbanización La Alcaidesa, en Cádiz, y que, según la UCO, Ábalos disfrutó como contraprestación a las adjudicaciones de los contratos de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión y por las presuntas gestiones en favor de la empresa de hidrocarburos Villafuel, cuyo propietario Claudio Rivas fue quien corrió "con los gastos derivados" del pago de la casa.

La Guardia Civil también aportó "un conjunto robusto de elementos que evidencian el poder de Aldama para lograr la infiltración de su organización criminal dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", valiéndose de Rubén Villalba, un comandante de la Guardia Civil también investigado y que estuvo destinado en la embajada de España en Caracas.