Yuste y Acebes anticiparon a todos los directores de cárceles el fin de los beneficios penitenciarios
Interior ordenó en noviembre negar la excarcelación a los terroristas
Antes de que el Consejo de Ministros aprobara la pasada semana la reforma legislativa para endurecer las condenas a los terroristas y limitar s
Según han desvelado altos responsables de Prisiones, las primeras directrices de Interior para el endurecimiento del tratamiento penitenciario de los terroristas se dieron en la reunión que el pasado 21 de noviembre mantuvieron el director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y el ministro del Interior, Ángel Acebes, con los directores de las 66 prisiones españolas bajo control estatal en un céntrico hotel madrileño de la calle Princesa. Aunque el tema central del debate entre los responsables penitenciarios fue la situación de saturación en la mayoría de los centros dependientes del Ejecutivo central, el Ministerio del Interior quiso lanzar un mensaje claro a los directores para que frenaran el acceso a cualquier beneficio penitenciario para los terroristas internos en sus centros. Por aquellas fechas se cumplía un mes de la polémica generada por la excarcelación del etarra Félix Ramón Gil Ostoaga, el terrorista al que la juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, dejó en libertad tras cumplir sólo 13 de los 298 años de cárcel a los que fue condenado. La juez Alonso apoyó su controvertida decisión en el informe favorable a la excarcelación del ahora destituido subdirector de tratamiento de la cárcel de Nanclares de Oca, Pablo Martínez. Precisamente, las órdenes desde Interior a sus responsables penitenciarios fueron que casos como el de Gil Ostoaga no se volvieran a repetir y que, en modo alguno, los jueces de vigilancia pudieran apoyar la liberación «prematura» de un terrorista en un escrito elaborado por un alto funcionario de Instituciones Penitenciarias. Sólo un día después de este encuentro -recordaron esta semana fuentes de Prisiones-, el Gobierno dio un paso más en su reforma de la política penitenciaria sobre los terroristas. El Consejo de Ministro aprobó la creación de dos juzgados centrales de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional para controlar el cumplimiento efectivo de las penas de los 3.667 activistas y narcotraficantes encarcelados.