El texto endurece los castigos que se impondrán a los traficantes de droga

El nuevo texto endurecerá el castigo que se impondrá a los traficantes de droga que distribuyan su mercancía en centros de enseñanza, militares, penitenciarios, de rehabilitación o incluso en sus proximidades. A todos ellos les será impuesta la pena superior en grado, que también se aplicará a aquellos que empleen la violencia o utilicen armas. Los responsables de delitos contra la salud pública responderán de ellos con todo su patrimonio, aunque sea de origen lícito, que le será embargado por un valor equivalente al de los bienes o efectos del delito que no hayan podido ser decomisados. Los bienes incautados -inmuebles, capitales, vehículos, joyas...- podrán ser enajenados aunque no exista sentencia firme contra su propietario, para evitar su deterioro o que su valor disminuya. Las autoridades podrán donarlos o ponerlos a disposición de organizaciones o instituciones que colaboran con la rehabilitación de drogadictos. El juez podrá declarar nulo cualquier maniobra jurídica realizada por el narcotraficante para ocultar el origen de esos bienes o impedir su decomiso. Los ''narcos'' reincidentes también serán castigados con la pena superior en grado cuando hayan incurrido en delito tres veces. Así, un penado por tres delitos para los que se prevé un castigo de tres a seis años podrá ser condenado a nueve años. Hasta ahora, la reincidencia se contemplaba como una agravante simple que sólo permitía imponer la pena en su mitad superior. No había castigos más severos para quienes distribuían drogas en colegios ni los que operaban con armas o utilizaban la violencia.