Diario de León

La reforma para endurecer la prisión preventiva puede incrementar la población carcelaria en un 30%

Ochocientos funcionarios reforzarán las cárceles por la avalancha de presos

Dos semanas después de que el Ministerio del Interior arrancara a Hacienda 130,8 millones de euros para comenzar la construcción de cuatro nuevos

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Melchor Sáiz-Pardo - MADRID.
León

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A falta de que este jueves sindicatos y Administración cierren los últimos flecos del acuerdo, el Gobierno tiene previsto sacar a concurso este año entre 700 y 800 plazas para funcionarios de prisiones dentro del paquete de 3.156 ofertas de empleo para la Administración General del Estado. Según fuentes de Administraciones Públicas, el Ejecutivo quiere aprobar estas plazas para Prisiones -que supondrían copar la cuarta parte del total reservado para funcionarios de la Administración central- en el Consejo de Ministros de mañana. Una convocatoria de esta envergadura no se producía desde que en 1992 el Gobierno contratara a cerca de 1.500 funcionarios para comenzar atender las 15 cárceles tipo que se construyeron entre esa fecha y 2001, según preveía el denominado «Plan de Amortización de Centros». Desde entonces, las ofertas anuales han venido rondando el medio millar de plazas (551 en 2000, 550 en 2001 y 514 en 2002). El departamento que dirige Javier Arenas ha dado la consideración de «prioritario» y de «servicio público esencial» la petición reiterada de Instituciones Penitenciarias de 800 funcionarios para mejorar la gestión de los 66 centros dependientes del Gobierno central que albergan ya a 45.075 internos, frente a los 41.090 reclusos que se contabilizaban el 1 de enero de 2002. Este crecimiento de 3.985 presos en doce meses, un incremento en la población penitenciaria superior al 9,6 por ciento anual, ha encendido la luces de alarma entre los responsables de Instituciones Penitenciarias, que cuentan ya con una plantilla cercana a los 20.000 funcionarios. Una mala situación de partida -reconocen fuentes de Prisiones- habida cuenta de que la reforma legislativa impulsada por el Gobierno para endurecer la prisión preventiva puede hacer aumentar en un 30 por ciento la población en cárceles de fuerte presencia de internos en espera de juicio. El Ministerio del Interior tiene claro cuál será el destino inmediato de estos nuevos trabajadores: los grandes centros «tipo» de 1.008 celdas, construidos para albergar a unos 1.200-1.300 internos. Fuentes de la administración penitenciaria admiten que ninguno de estos quince macrocentros tiene completa al cien por cien su plantilla prevista, que debe situarse en unos 500 trabajadores, entre funcionarios y laborales.

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