El Congreso rechaza limitar el mandato del fiscal general del Estado

Todos los partidos políticos representados en el Parlamento defendieron ayer la necesidad de que el mandato del fiscal general del Estado, que es designado por el Gobierno, tenga un límite temporal, con el objetivo de aumentar la autonomía de esta institución frente al Ejecutivo. Todos, salvo el PP, que con su mayoría absoluta impidió el debate y dio luz verde a la tramitación parlamentaria de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que fija en 5 años la duración de las jefaturas en este ministerio, excepto la de su máximo responsable. Éste es uno de los puntos más polémicos de la reforma estatutaria en el debate parlamentario, que se inició el jueves con la discusión y rechazo por el Pleno del Congreso de las cuatro enmiendas a la totalidad defendidas por el PSOE, IU, EA, y el BNG. El PP, con el apoyo de CiU y Coalición Canaria (CC), rechazó la devolución al Gobierno del proyecto de ley y aprobó el inicio de la discusión del articulado de la reforma y del período de presentación de enmiendas. El texto presentado por el Gobierno mantiene el sistema de elección del fiscal general, nombrado por el Ejecutivo tras oír al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y cuyo nombramiento sólo puede ser revocado por el propio Consejo de Ministros. El ministro de Justicia, José María Michavila, defendió ante el Pleno que el establecimiento de un límite temporal al ejercicio requeriría de una reforma constitucional, extremo que no comparte la mayor parte de los partidos. CiU todavía no ha adoptado una postura definitiva al respecto y duda sobre la conveniencia de apoyar o no una limitación del mandato del fiscal general. El proyecto de ley, sin embargo, contempla que los fiscales jefe sí que serán nombrados por períodos de cinco años.