Herrero de Miñón considera que el plan propuesto por Ibarretxe se ajusta a la Constitución en un 99%
El Letrado Mayor del Consejo de Estado y uno de los ponentes de la Constitución española, Miguel Herrero de Miñón, consideró ayer que el plan del lehendakari, Juan José Ibarretxe, sobre un nuevo marco jurídico político en el País Vasco «podrá ser políticamente discutido», pero desde el punto de vista técnico jurídico «cabe en un 99%» en la Carta Magna. Herrero de Miñón impartió una conferencia sobre «España-Vasconia: presente y futuro», dentro de las Jornadas de estudio y debate de la propuesta de Ibarretxe de la Universidad del País Vasco que se clausuraron ayer en San Sebastián. El letrado consideró que el plan del lehendakari es «políticamente muy positivo» y que «no puede ser tildado ni tachado de inconstitucional». De este modo, cualquiera que sea el juicio político que merezca, «es plenamente constitucional, puesto que se basa en disposiciones constitucionales, y lo que promueve es una reforma del Estatuto de acuerdo a las previsiones estatutarias». A su entender, «si algo pudiera rozar» la Constitución, concretamente el título sexto, es la cuestión del Poder Judicial, aunque recordó que la Carta Magna «también es reformable». No obstante, señaló que este extremo deberá ser analizado una vez que, después del proceso de consultas y debates políticos, Ibarretxe concrete qué se entiende por «Poder Judicial plenamente autónomo». «Si algo pudiera rozar es eso, lo demás a mi me parece perfectamente encajable desde un punto de vista técnico-jurídico, a la altura del siglo XXI». Herrero de Miñón añadió que, «cuando una soberanía se puede compartir con el Banco Central Europeo o con estados como Finlandia y Dinamarca, no veo por qué no se puede compartir en el horizonte entrañable que decimos que es España». «Yo, como españolista que soy, creo que es más fácil compartir cosas dentro de España con el pueblo vasco o con el pueblo catalán, que con algo tan respetable como el Banco Central europeo», concluyó. Sin embargo, el profesor de la UPV Javier Corcuera, consideró que la propuesta «no reconoce la pluralidad» existente, y que encierra un «desprecio al Derecho».