Populares y socialistas negocian endurecer las penas a los terroristas
Los interlocutores del Gobierno, el PP y el PSOE en materia de Justicia y política antiterrorista trabajan a contrarreloj para cerrar los últimos flecos que aún quedan sueltos en el principio de acuerdo alcanzado sobre el endurecimiento de las penas a etarras. Tras varios contactos destinados a allanar el camino, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo se reunirá al más alto nivel para que Javier Arenas y José Luis Rodríguez Zapatero escenifiquen en el Congreso de los Diputados el acuerdo entre los socios. Las conversaciones entre el ministro de Justicia, José María Michavila, con el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, por un lado, y del secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, con el interlocutor socialista en materia antiterrorista, Alfredo Pérez Rubalcaba, por otro, han sentado las bases del acuerdo entre los partidos mayoritarios sobre el cumplimiento íntegro de las penas para delitos de terrorismo que eleva a 40 años la pena máxima. Lo único que separa a las dos formaciones son los requisitos que los miembros de ETA encarcelados tendrían que cumplir para conseguir beneficios penitenciarios. Tal y como está redactado el proyecto de ley que el pasado viernes aprobó el Consejo de Ministros, los terroristas tendrían que arrepentirse, delatar a otros ''etarras'' que anden sueltos y colaborar con la Justicia para impedir nuevos crímenes. Así podrían salir en libertad tras cumplir tres cuartas partes de su condena. Unos requisitos que el PSOE intenta rebajar porque considera que sería «imposible» que un etarra, tras 20 años encerrado, tenga información para desarticular comandos. Los socialistas intentarán que el Gobierno ceda y que considere suficiente el arrepentimiento «claro y activo» de los condenados y el resarcimiento a las víctimas con su patrimonio. También reclaman que la ley deje la puerta abierta a la reinserción de los condenados a más de 80 años si cumplen con estas exigencias. Si no, temen que la norma roce la inconstitucionalidad.