El CGPJ apoya sin consenso la reforma de la prisión preventiva
Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tuvieron que hacer uso el miércoles de su mayoría absoluta en el pleno para dar el visto bueno al anteproyecto del Gobierno de reforma de la prisión preventiva, ya que el resto de los consejeros plantearon numerosas objeciones al texto y votaron en contra de apoyar el documento del Gobierno. El informe aprobado con los únicos votos de los conservadores valora de forma tan positiva el anteproyecto gubernamental que prácticamente no recomienda cambiarle ni una coma, «por considerar que modifica con acierto una legislación que estaba puesta en tela de juicio por el Tribunal Constitucional». La falta de críticas de la mayoría al anteproyecto y el rechazo de todas las enmiendas que los vocales de la minoría presentaron al informe provocó que 10 de los 21 vocales retirasen su apoyo al informe del CGPJ y que el pleno quedase dividido prácticamente en dos mitades. Así, el texto gubernamental pasó el trámite del Poder Judicial por un solo voto, lo que es muy poco frecuente, y mereció un informe sin recomendaciones de modificación, algo casi inédito. El resultado fue un voto particular muy crítico con el anteproyecto firmado por los ocho vocales propuestos por PSOE e IU y otro, que también pide cambios importantes, respaldado por el vocal de CiU. Agustín Azparren, el vocal independiente elegido por la carrera judicial, que votó en contra, no planteó sin embargo voto particular. El voto particular de la minoría progresista considera que la nueva formulación legal, tal como la plantea el Gobierno, romperá con el carácter excepcional de la prisión preventiva y que puede privar provisionalmente de libertad a muchos detenidos por numerosos pequeños delitos, aunque no cuenten con detenciones anteriores o con antecedentes penales (condenas previas). Automatismo Los vocales entienden que el anteproyecto no da opción a la valoración del juez y que supone el ingreso automático en prisión del detenido en los supuestos descritos; consideran que reducir el límite para el posible encarcelamiento a las penas con un máximo de dos años de cárcel es «excesivo»; creen que hay que concretar más los criterios de reincidencia y habitualidad que permiten el encarcelamiento inmediato; y se oponen frontalmente a la aplicación retroactiva de la norma (en procedimientos iniciados antes de su entrada en vigor). La falta de críticas de la mayoría del CGPJ con el anteproyecto de reforma de la prisión preventiva contrasta con la posición de la Fiscalía del Estado que, pese a dar su apoyo al texto hace 15 días, sí que planteó varias objeciones importantes al documento.