El País Vasco culpa al Gobierno de boicotear la limpieza en el Cantábrico

El responsable autonómico se preguntó en voz alta «¿Qué ha hecho el Gobierno del señor Aznar, qué ha hecho el Gobierno del PP que no ha retirado una sola tonelada del golfo de Vizcaya?» y le acusó de «minimizar el problema y poner obstáculos» mediante «limitaciones del espacio aéreo» y ofrecer «malas informaciones». Sainz de Samaniego definió la actitud del Ejecutivo central en la crisis del petrolero como la del «perro del hortelano: que no hace ni deja hacer». Ante la situación creada, el consejero vasco instó a la Administración a que «deje actuar», ya que -añadió- el Gobierno «es incapaz, ha demostrado una incompetencia total a la hora de controlar y gestionar esta situación». «Que deje hacer a quienes verdaderamente estamos aportando soluciones», reclamó. Además, anunció que el Gobierno vasco pedirá responsabilidades por los daños económicos y medioambientales provocados por el hundimiento del «Prestige» y que, entre otras consecuencias, ha obligado a suspender durante un mes la campaña del verdel, lo que supondrá un coste añadido de 4,5 millones de euros que se deberán abonar a los pescadores vascos por acatar el denominado «paro biológico». Este pago supone 40 euros por día para los tripulantes, y una cantidad que dependerá del tonelaje de los barcos para los armadores. En total, 250 embarcaciones, 2.000 tripulantes, 500 empleos en tierra y otros 500 de empresas que comercializan el pescado se verán afectados directamente por la medida. Polémicas al margen, en la jornada de este domingo llegó menor cantidad de chapapote que en las precedentes al litoral vasco, lo que facilitó la labor de los encargados de retirarlo en tierra. La flota se tomó un día de descanso y sólo un retén de 14 embarcaciones de pesca salió a la busca y captura del carburante.