Un ciudadano podría ser condenado por hacer lo mismo

Sin embargo, el texto judicial deja bien claro que en el ámbito parlamentario y con opiniones dirigidas a otros cargos públicos las afirmaciones que realizadas por un ciudadano común podrían incurrir en delitos de calumnias, injurias, amenazas, falsedades, descubrimiento y revelación de secretos, etc., pronunciadas por un parlamentario no tienen relevancia penal alguna. Los magistrados se explican: «La imputación de hechos falsos con conciencia de su falsedad cuando los directamente afectados puedan rebatirla en el mismo escenario en el que se hubiese producido, bien sea directa y personalmente, por su condición de parlamentarios, bien sea a través de los miembros del Gobierno de los que orgánicamente dependan, por su relación directa con el ejercicio de las funciones públicas, son abarcadas por la prerrogativa (inviolabilidad), al igual que las acusaciones ligeras o las expresiones proferidas en el calor del debate». Circunstancias que se daban en el caso de López. En este sentido, uno de los cinco magistrados de la sala, José Antonio Martín Pallín, cree que la inviolabilidad supera el espacio físico del Parlamento, y se extiende a las actuaciones de propaganda política de los parlamentarios, a los mítines, y a las declaraciones políticas, incluidos los contactos con los medios de comunicación.