La Guardia Civil incluye a «Egunkaria» en una red empresarial ligada a ETA

Según desvelaron ayer fuentes de la investigación, desde finales de la década de los noventa varios expertos financieros de la Guardia Civil tratan de probar la relación de esta red de editoriales de promoción del euskera con las cuentas de ETA. Por el momento, los técnicos del instituto armado sólo han cerrado la pieza de Egunkaria al considerar que la salida diaria a los quioscos del diario suponía una «continuidad delictiva». Todas las empresas señaladas por los Servicios de Información en la documentación aportada a la Audiencia Nacional -en la que ya aparecía el nombre de Egunkaria- están relacionadas con la fundación «Elkargintza Elkarlanean», el más importante grupo editorial de lengua vasca, que cuenta con varias tiendas de libros y discográficas por toda la comunidad autónoma y con empresas en otros lugares de España como Navarra, Cataluña, Valencia y Madrid. El accionariado de este entramado editorial -siempre según la Guardia Civil- está controlado «directa o indirectamente» por la fundación y, en muchos casos, los cargos directivos de la fundación y de las editoras son exactamente las mismas personas, al igual que las sedes sociales. Los investigadores del instituto armado aseguran que estas empresas han recibido en los últimos años cerca de 18 millones de euros en subvenciones del Gobierno vasco. Dentro de esta vasta red que la Guardia Civil vincula con las finanzas de ETA existe una empresa con domicilio social en el paraíso fiscal caribeño de las Antillas Holandesas, donde -sostienen los servicios de Información- se habría desviado parte de dinero de la organización terrorista para su ocultación al fisco español y, de paso, para obtener una jugosa rentabilidad por los depósitos. El juez Baltasar Garzón -antes de que su compañero Juan del Olmo comenzara la investigación que el pasado jueves desembocó en la clausura de ''Egunkaria''- ya actuó contra este entramado empresarial. Fue el 24 de enero de 2001, cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ordenó a la Policía Nacional el registro de las instalaciones de la distribuidora de discos y libros Zabaltzen, en el Paseo de Igara de San Sebastián. Sin embargo, la Policía, pese a incautarse de abundante documentación en la sede editorial, no pudo probar relación alguna con ETA al margen del hecho de que en esta empresa trabajó el que fuera jefe de los «comandos ilegales» (fichados) de ETA, Francisco Javier García Gaztelu, Txapote. Una laguna que ahora la Guardia Civil trata de aclarar para cerrar unas pesquisas que duran ya más de cuatro años. También Garzón, golpeó muy de cerca de la fundación «Elkargintza Elkarlanean» con el embargo en noviembre de 2000 de todos los bienes de la coordinadora de alfabetización de euskera AEK, a la que consideró «tesorería general» de ETA. A la espera de que la Guardia Civil culmine su investigación sobre las editoriales vascas, el magistrado Del Olmo ordenó ayer el bloqueo de todas las cuentas y activos de las tres entidades relacionadas con el diario clausurado y de las once personas imputadas en este caso.