El Gobierno excluye la reforma penal del Pacto por la Justicia

Todos los partidos representados en el Parlamento acordaron este martes excluir de las reuniones del Pacto por la Justicia las discusiones sobre las reformas del Código Penal que impulsa el Gobierno, incluida la del cumplimiento efectivo de las penas de los terroristas, para evitar que se rompa el consenso alcanzado sobre las medidas concretas para modernizar el trabajo de los tribunales. La decisión se debe a que prácticamente todos los partidos de la oposición tienen importantes objeciones de fondo a múltiples aspectos de los proyectos de reformas penales, por lo que los desencuentros podrían afectar a medidas con alto nivel de consenso como la reorganización de la oficina judicial, los cambios en las carreras de los profesiones de la justicia, la implantación de los juicios rápidos, etcétera. El ministro de Justicia, José María Michavila, recordó que las reformas penales estaban fuera del pacto desde el principio, pero aún así se mostró conforme con no discutirlas ahora en este foro. Desencuentro El desencuentro entre Gobierno y oposición por los proyectos de reforma penal se centran especialmente en la ley para el cumplimiento efectivo de las condenas de terroristas y en la sustancial modificación del Código Penal de 1995, con el cambio de 175 artículos (una cuarta parte) y la introducción de medidas para sancionar la habitualidad y reincidencia de los delincuentes. La ley de cumplimiento efectivo de las condenas, pactada por Gobierno, PP y PSOE, cuenta con el rechazo del PNV, EA, IU y CiU, por considerar excesivo el aumento del tiempo máximo de condena de 30 a 40 años y por entender que no respeta el principio de reinserción. El portavoz de CiU, Manel Silva, indicó, al final de la reunión del pacto, que no apoyará esta ley porque no asegura las vías de reinserción, ya que un terrorista arrepentido no lograría obtener el tercer grado penitenciario hasta los 32 años de condena y como muy pronto lograría la libertad condicional tras 35 años en prisión. Dijo que la norma no asegura el cumplimiento efectivo de las condenas, «algo que ya hace el texto de 1995», y que lo único que persigue es «un incremento de las penas». Sin embargo, el mayor enfrentamiento parlamentario se producirá en la discusión de los dos proyectos de ley que modifican sustancialmente el Código Penal, el que reúne las medidas para combatir a los delincuentes habituales y endurece las sanciones para el maltrato doméstico y la inmigración ilegal, y el que eleva las penas de algunos delitos y crea otros nuevos. El PSOE, a través de sus portavoces parlamentarios de Justicia, Juan Fernando López Aguilar y Javier Barrero, anunciaron un rechazo total al cambio del Código Penal de 1995, porque indicaron que «no anima a delinquir».