La Fiscalía ordena a la policía que investigue las conexiones financieras del cártel de Cali en España
La Policía Nacional, por orden de la Fiscalía Especial Antidroga, ha abierto una investigación sobre las posibles conexiones financieras del narcotráfico colombiano en España después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. haya incluido en su «lista negra» a diez empresas con sede en Madrid y en cuyos cuadros directivos aparecen seis hijos y otros dos familiares directos de los capos del cártel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. En los últimos días, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) de la Hacienda norteamericana ha enviado a España documentos adicionales -entre ellos un amplio organigrama de las conexiones del cártel en Madrid-- sobre las supuestas vinculaciones de las sociedades radicadas en España, que el pasado 6 de febrero fueron incluidas en la lista de Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados. Las cuentas de estas empresas han sido bloqueadas en Estados Unidos, con la prohibición a cualquier ciudadano norteamericano de mantener relaciones comerciales con estas compañías dedicadas al sector inmobiliario, informática e Internet, importación de café, servicios generales, artes gráficas y distribución de productos cinematográficos. Algunas de estas diez empresas -legales en España y con capital colombiano- ya fueron investigadas en 1997 (año de apertura de buena parte de ellas) por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España, aunque las pesquisas no tuvieron éxito por entonces. Las indagaciones de hace seis años -confirmaron ayer fuentes del Tesoro de EE. UU.- no contaron con las informaciones ahora aportadas por Washington ni fueron a «instancias» del Gobierno norteamericano. Según desvelaron ayer fuentes del caso, la introducción de las empresas españolas en esta lista es fruto «directo» de las pesquisas de la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la Fiscalía colombiana, que el pasado 30 de enero culminó ocho años de investigaciones sobre el complejo entramado empresarial que los Rodríguez Orejuela han utilizado supuestamente para lavar el dinero del narcotráfico en Colombia, Estados Unidos y, según el Tesoro, también en España. Tras finalizar la investigación, la Fiscalía General de la Nación Colombiana pidió en enero el embargo de 217 bienes de la familia de los dos capos del cártel de Cali, entre ellos edificios, apartamentos, casas, aparcamientos, tiendas, comercios y varias sociedades.