El TC respalda la Ley de Partidos que permitirá ilegalizar Batasuna

El gabinete que preside Juan José Ibarretxe pidió al máximo órgano intérprete de la Carta Magna que la dejara sin efecto, extremo que esta institución descartó ayer de plano. Según fuentes jurídicas, todos los magistrados estuvieron de acuerdo en el fondo de la cuestión: la norma denunciada no vulnera ningún artículo de la Constitución, defiende la arquitectura del Estado que fija esa norma fundamental y, por tanto, es un instrumento válido que permitirá ilegalizar a todas aquellas formaciones políticas cuyas actuaciones supongan una violación de sus preceptos. En este punto, la sentencia rechaza uno de los argumentos del Ejecutivo vasco: que la Ley de Partidos Políticos es una legislación creada sólo para permitir la deslegalización de Batasuna. El texto definitivo del fallo será difundido hoy jueves. Pese al deseo del presidente del tribunal, Manuel Jiménez de Parga, no fue posible concluir ayer la redacción definitiva del texto. Las fuentes citadas indicaron que, acordado desde el principio y de manera unánime el rechazo del recurso presentado por el Gobierno de Vitoria, los debates se centraron en la redacción de la argumentación legal de la sentencia. Algunos magistrados defendieron la necesidad de precisar cómo debe ser aplicada la Ley de Partidos para evitar cualquier vicio de inconstitucionalidad, pero al final se impuso la tesis mayoritaria: tal pretensión podría interferir la labor que realiza la sala especial del Supremo que debe decidir en los próximos días sobre la ilegalización de Batasuna. El convencimiento generalizado de que la coalición ''abertzale'' será proscrita por el Supremo, y que tal decisión deberá ser revisada por el propio Constitucional llevó a sus miembros a dejar para ese momento el análisis sobre la forma de aplicar la discutida norma. El Tribunal Constitucional vuelve a batir marcas en cuanto a rapidez en la resolución de un recurso, aunque no ha sido un proceso fácil. Los magistrados necesitaron seis reuniones -celebradas los días 24 y 25 de febrero, 5, 6, 10 y 12 de marzo- antes de emitir su resolución unánime. Y, en medio, tuvieron que rechazar, por dos veces y no sin duros debates, la recusación de Jiménez de Parga presentada por el Gobierno vasco. Duro revés La decisión supone, por último, un duro revés para el Gobierno vasco, que llegó a tachar la norma de «medida de excepción». En su recurso, sostenía que diez de los trece artículos que la conforman y la disposición transitoria que regula el fraude de ley en el que incurrirían las formaciones políticas que actúen como «sucedáneos» de otras ya ilegalizadas, pueden, además de vulnerar derechos fundamentales, «violar principios de seguridad jurídica». «Decisión política» El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, afirmó ayer que el fallo es una decisión «política» y una «mala noticia para la democracia». Según el diputado del PNV, el hecho de que no haya habido ninguna postura discrepante entre los miembros del Tribunal era «esperado» por cuestión de iamgen. Anasagasti lamentó que la justicia en España «no sea independiente» y que actúe movida por fines políticos. Para Anasagasti esta decisión hace que a una aprte del electorado vasco «se le mutile la posibilidad de hacer política» cuando no todos los simpatizantes de la formación aberzale «son delincuentes». El portavoz aclaró que «los que no condenan la violencia son merecedores de repudio», pero subrayó que quien delinquen son las personas no las ideas.