Las víctimas de malos tratos tendrán una paga de 300 euros

Esta ayuda se liga a la ''orden de protección'' acordada por todos los grupos parlamentarios y el Ministerio de Justicia, de manera que cuando una víctima u otra persona denuncie la agresión pueda solicitar en la misma orden acceder a la Renta Activa de Inserción, de la que ya pueden beneficiarse las víctimas de malos tratos, pero que a partir de ahora percibirán desde su solicitud suprimiendo el tiempo de espera de tres meses. Además, esta cuantía se modulará no sólo en función de la renta sino también del número de hijos y se abre la posibilidad a su ampliación económica. Las víctimas que accedan a este programa percibirán la ayuda durante 10 meses, siempre que no encuentren un puesto de trabajo. En el texto aprobado ayer, y que deberá ser remitido en su totalidad primero a comisión y luego al pleno del Congreso para su debate y votación, se pide al Gobierno que regule el uso de las nuevas tecnologías para proteger a la víctima y mantener el seguimiento sobre el maltratador, en especial, el uso de una telealarma o de las pulseras de seguimiento vía satélite. También se considera que es oportuna la revisión del sistema de penas y medidas cautelares y aboga en este sentido por la eliminación del arresto domiciliario y de la multa en los supuestos de violencia doméstica. Sugiere que en los casos de esta violencia, la pena de localización permanente del agresor debe ejecutarse siempre en domicilio diferente y alejado de la víctima, así como la previsión de la imposición de la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad El texto, que recoge muchas de las medidas contempladas en el informe aprobado con anterioridad por una comisión del Senado que estudió el tema, considera asimismo que sería oportuno que el Gobierno estudie una definición de violencia psíquica. La diputada del PP María Jesús Sainz destacó la voluntad de negociación y de llegar al «mayor acuerdo posible» por parte de esta subcomisión. La portavoz para estos temas del Grupo Socialista, Micaela Navarro, indicó que el objetivo de estos trabajos no ha sido sólo paliar las consecuencias de la violencia doméstica sino también erradicar sus causas, de ahí que las propuestas, dijo, sean integrales. Para Marisa Castro, de Izquierda Unida, el texto consensuado es un «acuerdo de Estado» que se ha sustanciado desde el consenso y no se puede hablar por ello de una iniciativa cualquiera. La portavoz del PNV para este tema, Margarita Uría, indicó que creía que se había conseguido hacer frente a las quejas más importantes de la sociedad.