La coalición ya tenía cerradas todas las puertas por Garzón

La histórica decisión del Tribunal Supremo de finiquitar Batasuna tendrá pocas consecuencias prácticas pues las actividades de esta formación fueron ya suspendidas el pasado 26 de agosto por el juez Garzón. Su principal efecto es que certifica la desaparición de la coalición aberzale y con ello convierte en definitivas todas las medidas cautelares que adoptó contra ella el magistrado de la Audiencia Nacional. En virtud de aquella resolución, Batasuna ya no podía ampararse en la legalidad para convocar manifestaciones, concentraciones, ruedas de prensa o actos públicos. El magistrado Garzón también le cerró el «grifo» de las subvenciones y demás ayudas económicas y financieras de instituciones y organismos públicos. Por último, el magistrado bloqueó sus cuentas, clausuró sus sedes y puso sus negocios (las herriko-tabernas) bajo control judicial. No obstante, sus parlamentarios y concejales pudieron continuar con sus actividades como personas individuales y titulares exclusivos de sus escaños y cargos. Esto tampoco cambiará ahora, si bien estos representantes tendrán que tener mucho cuidado de no realizar ninguna acción como grupo fuera de los estrictos límites de la actividad institucional que desarrollan en los parlamentos vasco y navarro, en las diputaciones forales, juntas generales y ayuntamientos. El principal matiz que diferencia a una formación suspendida de otra ilegalizada es que la ley de Partidos recoge, en su artículo 12, el mecanismo para liquidar también a cualquier sucedáneo que intente relevarla. En este caso no les servirá a los dirigentes aberzales la argucia de cambiar de nombre para eludir su proscripción porque la sala puede declarlo improcedente.