El Supremo ilegaliza Batasuna

El presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, fue el encargado de informar ayer de la sentencia acordada, de la que es ponente. Los 16 magistrados que forman la denominada «Sala del 61» del Tribunal tomaron la decisión por unanimidad. El Supremo ha decidido después de sólo cuatro reuniones, y a pesar de que tenía de plazo hasta el próximo 4 de abril para dictar sentencia en este proceso. Ahora, Batasuna puede recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Hernando explicó que se han estimado de forma íntegra las demandas presentadas por la Fiscalía General y la Abogacía del Estado, lo que supone afirmar que Batasuna, por su relación con ETA, ha incurrido en nueve conductas prohibidas por la Ley de Partidos Políticos, aprobada por el Parlamento en junio de 2002. Destacó la «gran altura jurídica» de esta sentencia, y el especial énfasis que se ha puesto durante el proceso para respetar todas las garantías constitucionales del partido demandado. La sentencia, que ya ha sido comunicada a las partes, será ejecutada en el momento de su notificación, algo que ocurrirá en los próximos días. La primera medida que ordenará el Supremo es la cancelación de la inscricpión en el Registro de Partidos de Batasuna y también de sus siglas anteriores, HB y EH. No a un nuevo partido Esto supone que toda actividad del partido político debe cesar de inmediato, lo que impedirá a la formación abertzale concurrir a las elecciones del mes de mayo. Además, el Supremo recuerda que es ilícita la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el registro que continúe o suceda la actividad del partido disuelto. La disolución de Batasuna abrirá un proceso de liquidación de su patrimonio, que será llevada a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora. El patrimonio neto resultante se destinará a actividades de interés social o humanitario. Siete meses de proceso El Estado y la Fiscalía presentaron sendas demandas de ilegalización, que el Supremo decidió resolver en un solo proceso, el 3 de septiembre de 2002. En enero de este año, el Alto Tribunal celebró la prueba testifical, y el pasado día 11 Batasuna presentó su escrito de alegaciones finales, en el que pidió no ser ilegalizada. Admitía haber incumplido uno de los preceptos de la Ley de Partidos al no condenar atentados, pero argumentó que ello no es motivo de ilegalización. En las alegaciones finales de la Fiscalía y la Abogacía del Estado se consideraba probado que Batasuna había incumplido sobradamente los principios de la Ley de Partidos, debido a su conexión e identidad con ETA. Los 16 magistrados que han ilegalizado Batasuna son el presidente del tribunal, Francisco José Hernando; los presidentes de las cinco salas del Supremo, Ignacio Sierra, Luis Román Puerta, Emilio Pujalte (éste en sustitución de Angel Rodríguez, cuya recusación por Batasuna fue aceptada), Luis Gil y José María Ruiz-Jarabo.