Ya estamos todos en la calle

A las manifestaciones del «no a la guerra» les está empezando a pasar lo que a las antiglobalización: ya están aquí los disturbios. ¿Casualidad, simple coincidencia? Sospecho que no. Pero, sea, como fuere, lo cierto es que la minoría organizada y violenta que últimamente aparece como por arte de magia en escena cuando una bandera «políticamente incorrecta» congrega tras de sí un caudal espontáneo y pacífico de ciudadanos lo bastante vigoroso como para preocupar a los guardianes del «pensamiento único», ya ha entrado en acción. Y -acción/reacción- ya están aquí, también, los antidisturbios. Ya estamos todos. En democracia el Gobierno es el único depositario legítimo del recurso a la violencia, esto está claro, suya es la responsabilidad de garantizar y si es preciso restablecer el orden público, por supuesto que los destrozos de mobiliario urbano, cruce de coches, quema de contenedores e insultos y agresiones a la policía que siguieron a algunas de las últimas manifestaciones contra la guerra no se pueden consentir. Tampoco el cerco y los ataques a los militantes y sedes del PP. Pero el Gobierno tiene la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos y libertades democráticos de los ciudadanos. Entre ellos el de la inmensa mayoría pacífica del «no a la guerra» a manifestarse y expresar su protesta en las calles sin «provocaciones» casuales o intencionadas, vengan de donde vengan. Las que hoy nos ocupan vinieron de los violentos... y de la policía. Ya sé que la tarea de separar el grano de la paja (localizar, aislar y detener sólo a los violentos) no es fácil. Pero descargar en los lomos de los pacíficos la frustración de que se les escapen los violentos, como hemos visto hacer a algunos policías, es un abuso que en modo alguno puede tolerar. Aunque se trate, como se trata, de «casos aislados», la depuración y exigencia de todas las responsabilidades que procedan es obligada. Y en su afán de «culpar» de los disturbios a la oposición, agobiados, supongo, por la asfixiante presión del «no a la guerra», el vicepresidente Rajoy y el ministro Acebes casi han venido a justificar los abusos policiales y a criminalizar a los manifestantes.