Los nacionalistas están dispuestos a apoyar, con matices, el proyecto
El Gobierno sacará solo su plan contra la delincuencia
No habrá consenso, pero tampoco ha habido intentos serios para conseguir el acuerdo en una cuestión que tanto el Gobierno como la oposición consideraban que había que pactar a
Los diputados del PSOE explicaron ayer las enmiendas presentadas
Sólo los nacionalistas -CiU, PNV y Coalición Canaria- están dispuestos a apoyar, con matices técnicos, las reformas para castigar la multirreincidencia y expulsar a los inmigrantes delincuentes. Hoy jueves, en el Pleno del Congreso de los Diputados, el ministro de Justicia, José María Michavila, se encontrará con la negativa tajante de los socialistas a respaldar la ley orgánica de «medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros», la vertiente legal del plan contra la delincuencia presentado el pasado año de manera conjunta por Interior y Justicia. Un rechazo de plano por parte del principal partido de la oposición pese a que el presidente del Gobierno, José María Aznar, en el último debate del estado de la nación, prometió buscar los máximos apoyos para este sensible proyecto, que linda incluso con los contenidos del Pacto de la Justicia. La falta de un amplio respaldo en el Congreso, confirmaron ayer fuentes del Ejecutivo, no retrasará la inmediata entrada en vigor del proyecto -tramitado por vía de urgencia- que introduce en el Código Penal los conceptos de habitualidad y de reincidencia como agravantes en las penas (cuatro faltas en un año pasan a ser un delito condenado a entre tres y seis meses de prisión). Tanto la coalición que lidera Gaspar Llamazares como el partido de José Luis Rodríguez Zapatero han recriminado la falta de rigor técnico en estas propuestas. Pero la petición del Partido Socialista e Izquierda Unida de devolver el texto al Ejecutivo tiene, sobre todo, su origen en los artículos reformados del Código Penal y la Ley de Extranjería para facilitar la expulsión de los inmigrantes delincuentes, acusados de delitos penados con menos de seis años, sin juicio previo.