PP y PSOE siguen irreconciliables en la nueva Ley de Extranjería

El fallo del alto tribunal ha ahondado aún más en el cisma entre Ejecutivo y oposición en materia de inmigración, según reconocen sin ambages ambas partes. El Gobierno, hasta conocer la sentencia, creía haber cerrado definitivamente, y sobre todo con vistas a las próximas elecciones, el siempre convulso debate de inmigración, que desde el principio de la actual legislatura ha servido a PSOE e Izquierda Unida como punta de lanza para el desgaste del Ejecutivo. Todo ello, pese a que tanto el Gobierno como los partidos de oposición han considerado la inmigración como una cuestión de Estado, lo que no ha impedido que, primero, el PP rompiera el consenso logrado para sacar adelante la ley 4/2000 con una contrarreforma que vació de contenido el texto pactado, y que, posteriormente, socialistas e Izquierda Unida se negaran a pactar el reglamento y los nuevos cambios de la ley forzados por el plan contra la delincuencia, en la actualidad en trámite parlamentario. También aquí hay fuertes discrepancias entre el Ejecutivo y sus socios por una parte, e izquierda Unida, PSOE y Grupo Mixto, por otra. Todos los grupos de oposición han planteado en los últimos días enmiendas a la totalidad a los cambios de la Ley de Extranjería. Con este antecedente tan reciente y de lectura inequívoca, el Ministerio del Interior ya ha fijado su estrategia frente al nuevo e inesperado cambio obligado por la sentencia: de nuevo se ofrecerá el inalcanzable consenso, pero la reforma -que no será inmediata, aunque el Supremo obligue a publicar en breve la anulación de los artículos- sólo abarcará modificaciones técnicas, en ningún caso de contenido. La idea de la Delegación del Gobierno para la Extranjería -que ha minimizado en todo momento el alcance de la sentencia, es limitarse a dar rango de ley orgánica a los preceptos ilegalizados por sentencia, pues entiende que el Supremo se limitó a señalar que el Ejecutivo legisló en reglamento sobre derechos fundamentales que necesitaban del amparo de una norma superior, pero que en ningún momento «cuestionó» las líneas de la política de inmigración. Para el Grupo Socialista, los jueces sí han puesto en entredicho cuatro pilares de la Extranjería: la retención de los ''sin papeles'' en centros de internamiento, la prohibición de las reagrupaciones,, la devolución de inmigrantes y la expulsión de clandestinos recién llegados. Tanto responsables de IU como del PSOE ya han anunciado que no aceptarán una «oferta-trampa» de diálogo si el Ejecutivo limita la reforma a «la forma y no al fondo» y «menosprecia» las «advertencias» de los tribunales.