El Gobierno teme una deriva soberanista de Maragall
El Gobierno de José María Aznar teme que en Cataluña se abra dentro de unos meses un problema territorial como el que se ha planteado en el País Vasco con la propuesta soberanista del lehendakari Ibarretxe. El Ejecutivo considera que es improbable, al menos a corto plazo, que se produzca una confluencia del nacionalismo vasco con los socialistas, un acercamiento que, por el contrario, ya existe en el escenario catalán para impulsar una reforma unitaria del Estatuto de Autonomía que aumentará sus cotas de autogobierno, pero recela de la influencia que puedan tener las tesis de Pasqual Maragall en sus compañeros vascos. La principal amenaza para «la cohesión y vertebración» de España radica, a juicio del Gobierno, en las posiciones soberanistas del nacionalismo vasco porque el plan Ibarretxe, según su análisis, enmascara una voluntad de escindir el País Vasco de España. El temor gubernamental, confesado y reconocido, se ha ampliado ahora a Cataluña por la deriva independentista que atribuye al PSC. La posible victoria del socialista Pasqual Maragall en las elecciones catalanas de octubre crea desasosiego en La Moncloa, al extremo de que se prefiere un triunfo del nacionalista Artur Mas aunque sus posiciones sean más radicales. La continuidad de CiU en la Generalitat, cree el Gobierno, moderaría sus planteamientos soberanistas, pero la llegada del líder del PSC al gobierno puede aglutinar el nacionalismo y el socialismo para la defensa de un nuevo Estatuto que desborda el marco constitucional. Reforma unitaria El pasado 25 de marzo, Maragall anticipó que su proyecto de reforma estatutaria no sería apoyada en exclusiva por el PSC, sino que trataría de tejer un consenso lo más amplio posible con el resto de fuerzas catalanas. De momento, todos los grupos en el Parlamento de Cataluña, menos el PP, decidieron pactar un documento de mínimos para la reforma estatutaria antes del 30 de junio, día en que la Cámara autonómica echará el cierre hasta la próxima legislatura. CiU, PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa acordaron también reunir a la ponencia que estudia la reforma el 6 de mayo y el 3 y 17 de junio. La izquierda y los nacionalistas catalanes están convencidos de que la única posibilidad de que la modificación del Estatuto sortee el trámite en las Cortes es que sea unitaria y llegue avalada por la mayoría de la población de Cataluña, lo que anularía el argumento del Gobierno de que la reforma no es una demanda prioritaria de la sociedad catalana.