Juicios rápidos, justicia lenta

Ayer entraron en vigor los juicios rápidos, que permitirán juzgar faltas y delitos menos graves en un plazo de quince días, ante el escepticismo de los jueces, fiscales y agentes judiciales que piensan que no se ha dotado al sistema de los medios necesarios para cumplir esta tarea con efectividad. La iniciativa gubernamental que se materializa es magnífica e inobjetable: la medida tendrá un incuestionable efecto disuasorio sobre la pequeña delincuencia; sin embargo, parece un sarcasmo que se intente lograr la contigüidad entre el delito y la condena en las infracciones menos graves cuando la pasada semana se conoció que cuatro peligrosos narcotraficantes de una banda internacional, para quienes el fiscal pedía penas superiores a veinte años de prisión, quedaron en libertad porque habían cumplido el plazo máximo de prisión provisional -cuatro años previsto en nuestro ordenamiento. Las ideas geniales de los administradores públicos han de ser siempre bien venidas, pero con frecuencia resultan inútiles si no se habilitan los medios necesarios para ponerlas en marcha. En este caso, los medios son insuficientes, y el Poder Judicial ya ha expresado su temor ante el peligro de que se desvista un santo -la justicia civil - para vestir otro -la penal.