En León no se han previsto mejoras técnicas ni humanas para aplicar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Los juicios rápidos reciben críticas por su entrada en vigor sin dotación
Fiscales, jueces, funcionarios y asociaciones sindicales de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado han aplicado críticas
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé el desarrollo de numerosos procesos judiciales de forma inmediata, recibió en su puesta en marcha la reprobación de los colectivos de profesionales por considerar el nacimiento escaso en dotación de medios humanos y técnicos. Esta fue la crítica más extendida contra la administración. El ministro de Justicia, José María Michavila, precisó que «la justicia es más justa» con esta reforma que se administrará sobre delitos y faltas de lesiones, amenazas, violencia doméstica, robos y contra la seguridad del tráfico. La Ley afectará en León a más de la mitad de los casos. Una de las primeras personas juzgadas con la nueva ley fue una joven rumana de 21 años que, en una vista que apenas duró diez minutos, fue condenada a pagar una multa de 60 euros por robar dos pares de pendientes en una tienda a pesar de que la dependienta no la vio en el momento de sustraerlos y de que no denunció el robo. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entró en vigor en medio de un cruce de críticas procedentes de sectores de la abogacía, fiscales y funcionarios, en demanda de más medios humanos, sobre todo, para que se desarrolle con garantía y ajustado a la letra que recoge la legislación, el nuevo mecanismo de enjuiciamiento en España. Las centrales sindicales del sector de justicia, que convocaron ayer movilizaciones asamblearias entre los funcionarios, establecen el principal punto crítico en las condiciones de trabajo del personal laboral que se van a devaluar al aumentar el volumen de trabajo sin mejoras retributivas correspondientes. Enfrentamiento con fiscales Este tipo de reprobación no causó la misma reacción en los estamentos gubernamentales como la efectuada desde diversas fiscalías. El ministro de Justicia, José María Michavila, aseguró que el procedimiento de la ley 38/2002 arrancó bien y arremetió contra la «rebeldía» del fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, por sus críticas a este sistema, y le invitó a hacer una «consideración de tipo personal» sobre su postura. Michavila dijo que Fernández Bermejo «se ha manifestado en rebeldía» en la aplicación de la ley y no dudó en que hará «todo lo posible» para que «falle todo». Michavila se mostró convencido de que los fiscales se «ganarán el sueldo» y aplicarán una ley que aprobaron las Cortes por unanimidad, que, además, cuenta con el beneplácito de las siete autonomías con competencias en materia de Justicia y los otros 16 fiscales jefes de España. El ministro recordó que ayer se estableció una red que conecta 2.100 puestos de la Guardia Civil, 250 comisarías, 1.368 juzgados penales, 70 fiscalías y 83 colegios de abogados, y aseguró que, «además de lo que pueda decir el fiscal jefe de Madrid, el sistema en su conjunto ha funcionado bien». El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, tildó de «gruesas, delicadas, imprudentes e impropias» las acusaciones que le dirigió Michavila. «Está nervioso. No debe llamarnos rebeldes sino críticos. Es injusto llamarnos así», declaró el fiscal jefe de Madrid. «Son declaraciones delicadas e imprudentes. Parece que el ministro tiene una fijación obsesiva y lo que más me ha dolido es que dude de la laboriosidad de los fiscales, que estamos con el fondo de la ley, que no es lo mismo que decir amén», manifestó Fernández Bermejo.