El fiscal jefe de Madrid estudia querellarse contra el ministro Michavila

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, aseguró ayer que estudia querellarse contra el ministro de Justicia, José María Michavila, por acusarle en público el pasado lunes de intentar sabotear la puesta en marcha de los juicios rápidos en la comunidad autónoma. Michavila, el lunes, en el acto en el que informó de la primera jornada de los juicios rápidos, señaló que «el fiscal jefe de Madrid se ha manifestado en rebeldía y, por lo tanto, estamos seguros que hará lo necesario para que falle todo». A reglón seguido, el ministro insinuó que, dada su actitud, Fernández Bermejo debería plantearse dimitir del cargo. El fiscal jefe, tras participar el martes en una reunión de la Comisión de Seguimiento de los Juicios Rápidos en Madrid, afirmó que cree que el ministro hizo el lunes esas declaraciones «con mala intención, y eso tiene un precio». Fernández Bermejo entiende que «el ministro no ha medido bien lo que ha dicho» y que si responde a Michavila será «evidentemente en el ámbito de los tribunales». «Ese es un tema que me tengo que plantear porque creo que ha cometido un gravísimo error», añadió. El fiscal jefe negó que piense sabotear nada en relación a los juicios rápidos, en contra de lo afirmado por el ministro, y aclaró que «nadie en la Fiscalía de Madrid está en rebeldía». La polémica entre el ministerio y Fernández Bermejo arranca del 14 de marzo, cuando la Junta de Fiscales de Madrid hizo público un duro comunicado ante la puesta en marcha del sistema de juicios rápidos, que, según el escrito, se hacía sin los medios necesarios y con un procedimiento que recortaba las garantías para los encausados. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) respaldó el martes a Fernández Bermejo y rechazó en un comunicado «el fondo, forma, tono y estilo» empleados por Michavila para dirigirse públicamente al fiscal jefe de Madrid. Considera que el ministro «trata de confundir a la opinión pública» sobre las causas de los errores cometidos en el primer día de implantación de los juicios rápidos, a los que califica como «el primer descalabro» de la ley, y añade que con ello pretende «endosar las responsabilidades a quienes en su momento lo advertimos».