El Gobierno vasco responsabiliza a Aznar del golpe

El Gobierno de Vitoria reaccionó con dureza ante la actuación de la Audiencia Nacional contra Udalbiltza. Unas detenciones y registros, ordenados por el juez Baltasar Garzón, que para el Ejecutivo vasco han sido instigados por José María Aznar en una «injerencia manifiesta» y con el objetivo de «llenar todos los telediarios de aquí al 25 de mayo para que la sociedad olvide el «Prestige», Irak, el decretazo». Además, el portavoz del gabinete autonómico, Josu Jon Imaz, señaló que, metido en este empeño, al presidente del Gobierno central no le importa «desestabilizar, crispar o radicalizar a la sociedad vasca, no le importa generar tensión en la sociedad vasca y tampoco le importa dar oxígeno al mundo radical, dar oxígeno al mundo que apoya a ETA, si con eso consigue sus intereses electorales». El Gobierno vasco recurrió de nuevo a la figura de la «Euskadi quitamanchas» para calificar la acción de la justicia contra la asamblea de concejales de Batasuna. Imaz insistió en acusar al presidente de Aznar de «desestabilizar» el País Vasco en un intento de defender sus puntos débiles para encarar las elecciones municipales del 25 de mayo de 2003. En este sentido, el portavoz del Ejecutivo de Vitoria aseguró que la detención de varias personas relacionadas con Udalbiltza «no es el camino para solucionar las cosas». Sobre las explicaciones del Ministro del Interior y la base jurídica de la operación, las palabras de Imaz conllevan además una carga irónica, ya que calificó de «asombroso considerar un delito la participación en una recogida de firmas de una agrupación de electores». Pero la reacción más dura fue la del portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, que declaró que la operación judicial «busca el genocidio y borrar del mapa las señas de identidad del pueblo vasco». El máximo delito cometido por estas personas, según Otegi, «será ayudar al euskera. Por eso se va a la cárcel en este país».