El Ejecutivo destina 827.000 euros a impulsar las Oficinas de Atención a las Víctimas de malos tratos
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, y el de Justicia, José María Michavila, firmaron ayer un protocolo que desarrollará programas de actuación conjunta para impulsar y profesionalizar las Oficinas de Atención de Víctimas de violencia doméstica. El Instituto de la Mujer, que depende de Trabajo, invertirá 827.491 euros en este programa, mientras que Justicia las dotará de todos los medios profesionales y materiales para su buen funcionamiento. El protocolo que ambos ministros firmaron en el Ministerio de Trabajo servirá, además, para fomentar políticas de igualdad en materia jurídica a través de cursos de formación que incidirán en una una asistencia jurídica especializada y en una mejora de la atención a las víctimas de malos tratos. Eduarzo Zaplana puso especial énfasis en que desde su Ministerio se está trabajando en la prevención de los delitos de violencia doméstica, así como en la inserción laboral de las víctimas con programas de formación que les permitan obtener una independencia económica. De esta forma, recordó que el pasado miércoles se suscribió un acuerdo con «importantes empresas» nacionales que se comprometieron a facilitar 600 puestos de trabajo para las víctimas. Zaplana recordó igualmente que se han puesto en funcionamiento 84 casas de acogida, 102 pisos tutelados y 39 centros de emergencia durante las 24 horas, para dar una mejor atención a las víctimas de la violencia doméstica. Por su parte, José María Michavila subrayó el compromiso de Justicia de trabajar en la protección de las víctimas y señaló que las Oficinas de Atención suponen el «engranaje esencial» para la puesta en funcionamiento de la orden de protección inmediata para las víctimas, que ambos ministros esperan que esté lista, tras su trámite parlamentario, para antes del verano. Michavila afirmó que desde el lunes, día en el que se pusieron en marcha los juicios rápidos en todo el territorio nacional, se puede condenar a un agresor en tan sólo cinco días. Con ello se ha logrado, según el ministro, que la Justicia sea «más eficaz y rápida».