Diario de León

Queda pendiente la regeneración del fondo marino

El «Prestige» lleva gastados ya 328 millones de euros

La catástrofe del «Prestige» obligó a desembolsar en los cinco meses siguientes a su inicio 328 millones de euros y aún sigue generando gastos. El vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estim

Mariano Rajoy, en su comparecencia ante Comisión Constitucional del Congreso, junto a Txiqui Benegas

Mariano Rajoy, en su comparecencia ante Comisión Constitucional del Congreso, junto a Txiqui Benegas

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P. de las Heras - MADRID.
León

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El grueso de las tareas de limpieza de costas y playas está a punto de finalizar. Los trabajos en los arenales se limitan ahora a las catas para comprobar que no existe hidrocarburo sepultado bajo la arena y se centran, sobre todo, en las zonas rocosas. En el mar, según Rajoy, «prácticamente no se avistan restos de fuel» y la principal preocupación está en la regeneración de los fondos marinos. Pero el buque fracturado todavía se encuentra a unos 3.600 metros de profundidad y la solución definitiva -dirigida, pero no financiada, por Repsol YPF- exigirá más dinero. En el mes de febrero, el Gobierno calculó el coste total de las labores emprendidas para la recuperación del litoral afectado en mil millones de euros, una cantidad en la que no incluía el «vaciado» del pecio. Lo elevado de la cifra, y la falta de coincidencia con las estimaciones efectuadas por sus propios expertos, llevó al Fondo internacional de indemnizaciones para afectados por contaminación de hidrocarburos (Fidac) a posponer el pago de las compensaciones hasta, al menos, este mes de mayo. Los informes del Fidac asignaban a las labores de limpieza de chapapote un coste máximo de 200 millones de euros, cantidad que ya se ha quedado corta, pero que de momento se aproxima más a los datos actuales que los previstos por el Ejecutivo. Rajoy, presidente de la comisión para el seguimiento del caso Prestige, anunció además en el Congreso que ya se han iniciado los contactos con despachos de abogados en el Reino Unido y Estados Unidos para emprender acciones legales contra la sociedad de clasificación del buque, American Bureau of Shipping, y la aseguradora de responsabilidad civil, The London P&I. Según el ministro de Justicia, José María Michavila, la vía que se estudia es la demanda de responsabilidad civil.

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