Los desajustes entre tribunales civiles y penales aumentan el peligro de malos tratos

La descoordinación entre la jurisdicción civil y penal en los procesos de separación y malos tratos acrecienta la inseguridad de las víctimas y las expone a brotes de violencia más furibundos por parte de sus agresores. ONG''s de mujeres contra la violencia de género denunciaron hoy el desinterés de los agentes judiciales por utilizar todos los resortes legales de protección a las mujeres y niños maltratados. El asesinato, el 24 de abril, de una niña de siete años por su padre en Arroyomolinos (Madrid) durante el régimen tutelado de visitas, es un ejemplo extremo de lo que estas disfunciones puede acarrear. Su caso eleva ya a 51 el número de niños muertos a manos de sus padres en España en los últimos 5 años en España. Para la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, ponen de manifiesto que muy a menudo los jueces «anteponen los intereses paternos a la seguridad de los menores», amparándose -dicen- en los benévolos informes de los equipos psicosociales que operan en separaciones y divorcios de parejas con hijos. Los casos se repiten una y otra vez, relató ayer Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Pese a todas las reformas parciales - «parches»- aireadas por el Gobierno, sigue intacta la renuencia de los jueces, tanto en penal como de los juzgados de familia, a privar de los derechos de paternidad a los progenitores. Ni siquiera cuando median sentencias firmes de malos tratos contra el cónyuge o la confesión del propio agresor, ni siquiera con el padre entre rejas.