Los frutos del blanqueo de dinero de la droga financiarán su prevención

Una norma -que este miércoles concluyó su andadura parlamentaria- que amplia la capacidad del Estado para embargar las posesiones de los traficantes procedentes, no sólo de la venta de droga, sino del lavado de capitales derivado de ese mercado ilícito. Entre los beneficiarios de las subastas de los bienes incautados también podrá estar la UE, con lo que el Estado podrá sufragar con este fondo la lucha internacional. El nuevo texto, destacaron los diferentes diputados, viene a cubrir la falta de normativa legal de este fondo creado hace ya ocho años con el fin de ayudar a la financiación de los programas de represión y prevención del Plan Nacional contra la Droga del Ministerio del Interior y de similares iniciativas puestas en marcha por las diferentes comunidades autónomas. Una de las grandes novedades de esta legislación será, precisamente, que entre los beneficiarios de las subastas de los bienes incautados también podrá estar la Unión Europa, con lo que el Estado podrá sufragar a cuenta de este fondo el coste de la firma de convenios internacionales contra el tráfico de drogas o planes conjuntos de prevención. Otro de los ejes de esta ley será el de dotar a la Administración de mayor capacidad para gestionar la venta de esos bienes. Diferentes estudios del Ministerio del Interior habían puesto de manifiesto los grandes gastos que para el Estado supone el mantenimiento de estas posesiones en buen uso durante largos espacios de tiempo, a la espera de su subasta. Una sangría económica muy importante en el caso de grandes embarcaciones, ya que el pago de atraques y el mantenimiento de los barcos incautados resulta muy gravoso. A partir de la entrada en vigor de la nueva legislación, la Administración tendrá un mayor margen de maniobra, aunque siempre dependiendo del tiempo que tarde en dictarse sentencia judicial. No obstante, el Estado podrá, incluso, «abandonar» estos bienes en casos concretos en los que los gastos del mantenimiento o gestión de los decomisos vayan a superar el precio de venta o subasta. Pese al acuerdo de todos los grupos, el PSOE y los partidos nacionalistas mantuvieron sus críticas a algunos aspectos de la ley. Los socialistas se quejaron de que el texto aprobado este miércoles no recoge la posibilidad de que los bienes incautados a los «narcos» reinviertan en más medios policiales en las áreas donde se producen las mayores incautaciones de estupefacientes. Los reproches de CiU y PNV fueron de otra naturaleza muy diferente: ambas formaciones recriminaron que la legislación dé poco peso a sus respectivas policías autonómicas y que el texto no haga referencia a la participación de los cuerpos autonómicos en las operaciones antidroga.