El Gobierno espera que la orden contra el maltrato entre en vigor en junio

La muerte de una mujer en Aldaia (Valencia) «saludó» el acuerdo ratificado ayer entre el Ministerio de Justicia y los portavoces de todos los grupos parlamentarios para activar de una vez la prometida orden de protección integral a las víctimas de violencia doméstica. La iniciativa se tramitará de urgencia como proposición de ley firmada por todos los partidos, que esperan su entrada en vigor antes de que acabe junio. La violencia de género lleva camino de batir este año todos los récords de mortalidad en España. En lo que va de año han muerto a manos de sus parejas entre 25 y 32 mujeres -según cómputos oficiales o de las organizaciones feministas-, frente a la media de entre 60 y 70 de los últimos ejercicios. Se trata «de lo más dramático que nos pasa en este país», en palabras del diputado socialista Diego López Garrido. Quizá por ello, el Gobierno y los partidos políticos hicieron un alto en el «fuego cruzado» de la campaña electoral para sacar adelante el que promete ser un buen instrumento de lucha integral contra el maltrato. No es la primera vez que de forma solemne el titular de Justicia, José María Michavila, presenta la orden de protección integral, cuya puesta en marcha en principio había comprometido para el 28 de abril, en paralelo a la entrada en vigor del sistema de juicios rápidos con el que está íntimamente relacionada. Ayer, sin embargo, lo hizo para reforzar el «compromiso» de toda la clase política contra esta lacra y dotar a la orden de protección de rango de ley. 24 ó 72 horas La orden de protección funcionará como una suerte de «escudo protector» integral de las víctimas de maltrato, una «ventanilla única» que centralizará todos los procedimientos y evitará las demoras que tantas veces han resultado mortales. Para López Garrido, de haber estado ya en marcha, «muchas de las muertes de este año no se habrían producido». Ese «paraguas» integral lo activará el juez en un plazo máximo de 72 horas a partir de la denuncia (o en las primeras 24 horas si así lo decide el magistrado de guardia), e incluirá la adopción de forma coordinada de medidas judiciales, sociales, asistenciales y de información permanente a las víctimas. La podrá solicitar bien la propia víctima o personas de su entorno familiar, mediante un formulario y en un futuro no lejano, a través de Internet. Una vez activada, la orden hace recaer sobre el juez el despliegue de todos los medios de que dispone la administración o los servicios sociales para garantizar la seguridad y el cuidado de las personas maltratadas y sus hijos. En el ámbito estrictamente jurídico, el magistrado podrá dictar medidas penales cautelares que van desde la prisión provisional del presunto maltratador. La nueva figura facilitará la acumulación de todas las denuncias de un mismo caso en un único juzgado, y permitirá a las víctimas conocer el estado de ejecución de las penas impuestas a sus agresores. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha comprometido para junio la asignación de las ayudas previstas para mujeres maltratadas en situación de indefensión. Serán 300 euros al mes durante 10 meses, que les permitan, junto con otras de las medidas de la orden, hacer frente a las necesidades más inmediatas para dejar atrás la violencia.