Para después del 25-M

Además del carácter plebiscitario retrospectivo sobre la política general del gobierno, en la campaña electoral que va finalizando destacan algunas omisiones que deberían constituir algunos debates decisivos. Los candidatos a alcaldes prodigan promesas sobre realización de obras, servicios y creación de empleos que o bien no son de competencia municipal o, si lo son, no se explica de dónde saldrán los fondos para afrontar esas maravillosas y futuras realizaciones. Lo cierto es que los ayuntamientos no pueden estar más endeudados. Próximamente se reducirán hasta extinguirse los fondos europeos y ha tocado techo la heterodoxa financiación con venta de suelo municipal, incluso está hipotecado el futuro suelo urbanizable. Y para rematar, a las haciendas municipales se suprime el IAE con gran negocio para el Estado puesto que era deducible íntegramente de impuestos directos como el IRPF. Sin un debate serio sobre los ingresos municipales, los programas electorales son cartas a los Reyes Magos, a las administraciones central y autonómica cuyo grosero favoritismo partidario socava la autonomía de los ayuntamientos y devalúa la calidad de la Democracia. Otro debate electoral eludido es el de la situación de la provincia de León, que asiste a un declive económico y demográfico acelerado. La decadencia llega hasta el lamentable extremo de encabezar el listado de provincias que más población pierde de 1990 al 2001: 37.126 habitantes. Es cierto que el despoblamiento provincial se ha visto maquillado por el crecimiento de León ciudad, de Ponferrada y de los municipios limítrofes pero el espejismo no debe llamar a engaño, la población perdida son jóvenes preparados que ya están creando dinamismo y riqueza en otros territorios. Dentro de unos años se notará su ausencia y el envejecimiento aumentará la postergación y dependencia de León. Tampoco se están aprovechando las elecciones autonómicas para hacer una reflexión sobre lo ocurrido desde las primeras de 1983. Mirar para otro lado no cambia la realidad. Veinte años no han producido sentimiento de identidad regional y mucho menos en León que, de forma creciente, sólo ve una superestructura política ajena colocada sobre su territorio. A estas alturas resulta innegable que están mucho más arraigadas las señas de identidad provincial. Además las políticas practicadas desde la Junta contribuyen a ahondar el foso entre el Gobierno regional y unas provincias convertidas en una especie de protectorados. Baste como ejemplo la frustración despertada en León por el carácter sustitutivo y no adicional de los fondos del Plan del Carbón, la discriminación económica de la Universidad, la postergación de los regadíos, el Parque Tecnológico, del desarrollo del aeropuerto... Los servicios centrales de la Junta los integran 6.400 personas que trabajan en, desde, por y para Valladolid, lo que explica un asfixiante, esterilizador y parasitario centralismo que deja pálido al que anteriormente existía desde Madrid. Alguien tendrá que explicar por qué, cómo y cuándo se ha producido esa insólita tumoración, ese inaudito ejército burocrático que le ha permitido a Valladolid el triste privilegio de ser la única provincia que gana población (3.915 habitantes) en el último decenio. Uno de los argumentos más socorridos en defensa de la comunidad autónoma era que aproximaba la gestión política y administrativa a los ciudadanos. La realidad es que ha suprimido la mínima descentralización y conseguido el alejamiento y la desidentificación del ciudadano, especialmente en León. El divorcio entre la realidad social y el cascarón oficial sólo puede afectar negativamente a los proyectos de futuro que tanto necesitamos. Es urgente emprender una radical descentralización política y administrativa dentro de la comunidad hacia las administraciones locales, muy especialmente hacia las diputaciones. Para ello debe cesar el ninguneo político y la asfixia económica de éstas, perfectamente capacitadas y experimentadas para asumir y desempeñar multitud de competencias. Su adaptación a una sociedad desarrollada y mayoritariamente urbana sólo requiere una pequeña modificación de la ley electoral para elegir a sus miembros de forma directa, en lugar de ser aparcamientos de políticos descolocados o de segunda fila. Se opondrán a esta propuesta los que, durante 16 años, con el argumento de que había que «construir comunidad», incumplieron sistemática y deliberadamente el Estatuto de Autonomía: «La comunidad autónoma articulará la gestión de sus servicios periféricos propios a través de las Diputaciones Provinciales» (art. 20.2). Se trataba de una simple coartada para el propósito de destruir provincia. Pero los hechos son tozudos: lo construido, tras veinte años, es esencialmente una macrocéfala, alejada y absorbente administración autonómica en Valladolid. Invertir totalmente la tendencia centralista constatada, además de una conveniencia económica y una necesidad democrática, es también una oportunidad para componer una nueva mayoría política alternativa a la del declive, el clientelismo y la resignación.