El fiscal jefe de Madrid demanda al ministro de Justicia

Fernández Bermejo interpuso la demanda, por vulneración del derecho al honor, ante la Sala de lo Civil del alto tribunal. Pide que condene al ministro a indemnizarle con 60.000 euros que dedicará a la realización de programas para la mejora de la administración de Justicia. El fiscal también solicita, en caso de que Michavila sea condenado, que se le obligue a costear la publicación de la sentencia en tres diarios de tirada nacional. Michavila dijo en rueda de prensa que el fiscal jefe estaba en «rebeldía» con la aplicación de la ley, como lo demostraba su postura sumamente crítica con la reforma de los juicios rápidos, y que estaba seguro de que «hará lo posible para que (en Madrid) falle todo». El ministro añadió que si Fernández Bermejo no se sentía capaz de hacer su trabajo posiblemente debería tomar alguna decisión personal. La demanda señala que el ministro, sin apoyarse en dato objetivo alguno, difamó al fiscal con «afirmaciones falsas». Entiende que Michavila atacó «de forma injustificada y gravísima» a Fernández Bermejo y que dañó «tanto el buen nombre como la reputación profesional de un fiscal de casi 30 años de experiencia», al acusarle de boicotear los juicios rápidos y al decir que era reacio a trabajar. El escrito dice que «una cosa es la sana crítica y otra la difamación», a lo que añade que «el insulto no tiene por qué tolerarse». Efectos secundarios El cruce de acusaciones entre el fiscal jefe y el ministro ha salpicado a buena parte de los profesionales de la Justicia. Por un lado, dos vocales conservadores del Poder Judicial pidieron al fiscal general del Estado que abra un expediente disciplinario a Fernández Bermejo por las duras críticas de la Junta de Fiscales de Madrid al sistema de juicios rápidos. Por otro, las declaraciones de Michavila fueron rechazadas por todas las asociaciones profesionales de fiscales y provocaron un comunicado de apoyo de doce fiscales del Tribunal Supremo al fiscal jefe, que consideraron las palabras del ministro un atropello. La asociación de fiscales progresistas pidió al fiscal general que convoque un Consejo Fiscal para analizar las palabras del ministro, que todavía no se ha celebrado.