El Congreso aprueba las penas de 40 años para los terroristas

Dos de los principales acuerdos del pacto antiterrorista cumplirán su último trámite en el Congreso y pasarán al Senado para su aprobación definitiva. La Cámara aprobará con los votos de populares y socialistas las enmiendas aprobadas en la comisión de Justicia e Interior a la reforma del Código Penal para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas para los presos terroristas y los autores de grandes delitos. La comisión dio el visto bueno a los cambios que pactaron el pasado 13 de febrero el Gobierno y el PSOE sobre la restricción de los beneficios penitenciarios a los terroristas y su aplicación retroactiva, entre otras modificaciones. La reforma del Código Penal, asimismo, eleva a 40 años el tiempo máximo en prisión para los miembros de ETA culpables de dos o más asesinatos, hasta ahora es de 30. La iniciativa cuenta con el rechazo de CiU, IU, PNV, Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya y Chunta Aragonesista. Todos coinciden en que el endurecimiento de las penas vulnera el precepto constitucional que establece que el objetivo de la pena de prisión es la reinserción o resocialización de los presos y, además, discrimina a los terroristas respecto al resto de reclusos. Los nacionalistas vascos aportan el argumento adicional de que la medida no tendrá ningún efecto disuasorio entre los militantes de ETA, a diferencia de lo que sostiene el Ejecutivo, que asegura que causará desmoralización en el colectivo de presos. La universidad El Congreso también dará luz verde en lectura única, lo que supone que no pasará a comisión para introducir enmiendas, el proyecto de modificación de la Ley General Penitenciaria que obligará a todos los internos en las cárceles que quieran cursar estudios universitarios a matricularse en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned). La medida busca acabar con el presunto trato de favor que reciben los presos de ETA de algunos profesores de la Universidad del País Vasco (UPV). El ministro de Interior, Angel Acebes, sostuvo el pasado 2 de mayo, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto, que los terroristas reciben «un trato privilegiado» en la UPV. El rector de este centro, Manuel Montero, rechazó esta apreciación porque es «un insulto» a la institución. El Gobierno de Vitoria se sumó a esta opinión porque coloca al cuerpo docente de esta Universidad «bajo sospecha». De los 268 terroristas que estudian carreras universitarias, todos, menos diez, lo hacen en el centro públicos vasco con calificaciones superiores a la media y con facilidades que no disfrutan los matriculados en la Uned.