Los presos de ETA no podrán estudiar en la UPV el próximo curso

El Congreso aprobó la reforma de la Ley General Penitenciaria que cierra el paso a la posibilidad de que los terroristas encarcelados estudien en el centro público vasco. La iniciativa fue apoyada por PP, PSOE y CC y rechazada por CiU, IU, PNV y EA. Una enmienda del PSOE permitió que los presos no pierdan este curso en la UPV ya que los cambios introducidos en la ley «surtirán efecto a partir del curso 2003-04». El proyecto gubernamental preveía que una vez que entrara en vigor la reforma legal, en las próximas semanas, quedaran sin efecto los convenios educativos suscritos con anterioridad. Otro cambio es que la UNED no será el único centro académico al que podrán recurrir los presos, ya que también podrán matricularse en otros centros de enseñanza a distancia. La única existente por ahora es la Universitat Oberta de Catalunya, pero este matiz abre la puerta a que la UPV pueda abrir un departamento especializado en enseñanza no presencial para cumplir así los requisitos legales. En la votación, hubo dos abstenciones, una de ellas significativa, la diputada socialista Arantza Mendizabal, ex rectora de la UPV y actual profesora en ese centro. El ministro de Interior defendió la reforma porque es necesario «cerrar todas las posibilidades de privilegios para los terroristas»en cualquier ámbito. Recordó que el 96% de los presos de ETA que cursan estudios universitarios lo hace en la UPV, un dato, dijo, que no busca «mancillar o desacreditar a nadie». Angel Acebes reconoció que el objetivo es terminar con el, a su juicio, «trato preferente» que reciben los presos terroristas en la UPV. «Ser de ETA no puede ser aval para acumular licenciaturas y se profesor», en alusión a Joseba Mikel Garmendia, profesor de Economía Aplicada. El ministro confió en que con estas medidas la organización terrorista salga del centro académico vasco, porque ETA «contamina todo lo que ha tocado, siembra el terror y el caos, también en la Universidad», y se borre «la imagen perversa del profesor amenazado». El portavoz socialista, Juan Fernando López Aguilar, compartió el objetivo de la reforma, pero rechazó el discurso beligerante hacia la UPV porque es «inaceptable» decir que esa Universidad es «un refugio de ETA», acusación formulada por el ministro de Justicia, José María Michavila. El diputado defendió «el buen nombre» del centro académico y rindió un «homenaje» a sus profesores y alumnos, lo que no impide que existan «casos de privilegio» con los terroristas. Datos Los representantes de la oposición al proyecto acusaron al Gobierno y a los socialistas de «tratar de matar moscas a cañonazos». Tanto el diputado de IU Luis Carlos Rejón, como las parlamentarias de PNV, Margarita Uria, y de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster, reclamaron, sin éxito, que el Ejecutivo expusiera pruebas de que existe un trato favorable a los presos de ETA en la UPV que justifique la reforma de la Ley Penitenciaria. La diputada del PNV explicó que muchos alumnos terroristas cursan sus estudios en euskera, no precisó cuantos, y que ésta es una razón por la que eligen este centro. Negó que reciban mejores notas que el resto de universitarios y se apoyó en datos: de los presos de ETA que estudian Periodismo, el 43% aprueba, mientras que entre el resto de alumnos la media es superior al 50%, en Sicología, la mitad de los terroristas matriculados aprueba frente al 77% del resto, en Bellas Artes, la media de aprobados es 80%, y en el caso de ETA es 68%. La representante del PNV reprochó al Gobierno que «no haya investigado nada» de las denuncias sobre la UPV. Uria preguntó, además, «qué ganan los profesores amenazados» con la reforma.