Diario de León

El Gobierno amplía la nueva Ley de Extranjería

Los detenidos en patera no podrán volver a España en varios años

El Ejecutivo ha ampliado las medidas de la reforma de la Ley de Extranjería que ha remitido al Consejo de Estado. En caso de aprobarse, los extranjeros sometidos a un proceso de devolución tendrán p

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EP - MADRID.

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El delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Ignacio González, dio ayer cuenta de esta nueva previsión del Gobierno, que se aplicará a los que hayan intentado entrar ilegalmente en el país o a los que contravienen una prohibición de entrada. Esta nueva medida, que afecta principalmente a los inmigrantes que llegan en patera a España, se une a la previsión de permitir el internamiento (con autorización judicial) de extranjeros sometidos a un proceso de devolución, precepto que fue criticado por el Tribunal Supremo por encontrarse recogido en el Reglamento sin que estuviera presente en la Ley. Devolución y expulsión De esta manera se equiparan los efectos de la devolución y la expulsión, ya que ahora se prevé el internamiento y la sanción de no retorno en la devolución y además mantiene que se pueda ejercer por una sanción exclusivamente administrativa; es decir, acordada por la autoridad gubernativa y no por el juez. El objetivo es evitar, como ocurre hasta el momento, que exista un trato más duro con los extranjeros que llegan a España de forma legal pero se convierten en ilegales frente a aquellos que directamente lo hacen de forma ilegal. González señaló que la reforma está pendiente del dictamen del Consejo de Estado, que tiene un plazo de quince días para informar el texto, y que el calendario parlamentario y su tramitación de forma ordinaria o de urgencia, dependerá de cuándo entre el proyecto en el Congreso, siempre con el objetivo de que vea la luz antes de final de año. Asimismo, insistió en llegar a los máximos acuerdos con los grupos políticos. Por otro lado, se refirió a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula un artículo de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que impedía a los inmigrantes irregulares acceder a este derecho y que ahora sí es reconocido.

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