El Supremo da un ultimátum de cinco días a Atutxa para que disuelva SA

El Tribunal Supremo dio ayer un ultimátum al Parlamento vasco y, en especial a su presidente, el nacionalista Juan María Atutxa: si la Mesa de la cámara autonómica no disuelve el grupo Sozialista Abertzaleak (SA) en un plazo máximo de cinco días, sus miembros serán perseguidos como presuntos autores de un delito de desobediencia. La comisión de este delito es sancionada con una multa y con la inhabilitación de los autores para ocupar cargos públicos por un período de entre seis meses y dos años. Los 16 magistrados de la Sala Especial del Tribunal Supremo decidieron dar el ultimátum al órgano de gobierno del Parlamento vasco por considerar que sus miembros están incumpliendo la orden contenida en su auto de 20 de mayo, que les obligaba a disolver «sin demora» SA y al paso inmediato de sus siete miembros al grupo mixto. En palabras de la sala, en los quince días transcurridos desde la emisión del auto, la Cámara vasca no ha remitido noticia alguna al Supremo sobre el cumplimiento de la resolución, por la que se estaría produciendo una dilación. Tras este análisis, los magistrados decidieron por unanimidad requerir por escrito a Atutxa y a la Mesa de la Cámara para que disuelvan de inmediato, y en un plazo no superior a cinco días hábiles desde la notificación, el grupo parlamentario de SA, por considerar que su actividad fue suspendida por la sentencia de 27 de marzo que ilegalizó Batasuna, partido en cuyas listas fueron elegidos los diputados. La providencia remitida al Parlamento vasco incluye un apercibimiento a los miembros de la Mesa, a los que se avisa de que si ignoran el ultimátum legal se iniciará contra quienes se opongan al cumplimiento de la resolución un procedimiento judicial por delito de desobediencia. La sala especial comunicó la providencia de inmediato al presidente del Parlamento vasco a través del fax, aunque la notificación oficial se hará por correo certificado, por lo que la Cámara vasca la podría recibir este jueves o el próximo viernes. De esta manera, el plazo límite para cumplir lo dispuesto en el auto de 20 de mayo finalizará el miércoles o el jueves próximos, según el día concreto en que se produzca la notificación oficial. El plazo corre a partir del día siguiente al de la comunicación oficial. El requerimiento del Supremo es inapelable, pues contra él no cabe recurso alguno. En el caso de que la Mesa del Parlamento ignore la providencia, la Sala Especial volverá a reunirse y acordará pedir a la Fiscalía General del Estado que promueva una querella por un delito de desobediencia contra los parlamentarios vascos que hayan impedido el cumplimiento de la resolución. La instrucción de este proceso correspondería al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por tratarse los presuntos infractores de personas aforadas en esa comunidad autónoma. El auto de 20 de mayo pasado, que ordenaba la disolución «sin demora» de SA, es, como el propio documento reflejaba en varias ocasiones, «de obligado cumplimiento». La resolución sostiene que SA no es más que una continuación fraudulenta del grupo de Batasuna, por lo su pervivencia es imposible tras la ilegalización del partido y la suspensión definitiva de todas sus actividades.